El mejoramiento de los mecanismos de distribución del canon y regalías mineras, así como la reforma de la distribución del canon se propuso hoy como parte del documento de política denominado: “Opciones de política para una minería sostenible”.
Así lo planteó la profesora principal del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Roxana Barrantes, en su exposición en el Seminario de investigación 2021: Nuevas rutas para la minería en el Perú, organizado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES).
Al respecto, comentó que similar centralismo al que se observa en la distribución del gasto público en el país se observa a nivel subregional, donde los recurso se invierten en zonas urbanas y no necesariamente, en los centros poblados, donde viven ciudadanos que interactúan diariamente con las operaciones mineras.
Entre las propuestas mínimas asociadas a eficiencia, destacó el ordenamiento del marco normativo de promoción minera, considerando que se necesita un shock de inversiones en exploración minera, y la mejora de la coordinación intersectorial.
La economista, también, mencionó la implementación de un nuevo modelo de exploración minera.
Entre las propuestas moderadas relacionadas a eficiencia, resaltó la priorización de la remediación y el manejo de pasivos ambientales en el sector.
Además, planteó la formulación de un marco para la intervención ambiental temprana y colaborativa con la finalidad de que los ciudadanos que se encuentren alrededor de las zonas de posibles explotaciones mineras a futuro puedan participar desde el inicio en la toma de decisiones.
Barrantes propuso la optimización de la fiscalización ambiental y de obligaciones sociales. “Las obligaciones sociales no se fiscalizan y los métodos de fiscalización ambiental deben modernizarse”.
En los planteamientos dinámicos asociadas a eficiencia, mencionó la formulación de una política nacional para el desarrollo minero y para el desarrollo del MAPE (minería artesanal y de pequeña escala), así como la implementación de la gestión territorial en corredores mineros seleccionados.
Comentó que se observa con mucho optimismo el inicio del proceso de formulación de la política nacional para el desarrollo de la minería artesanal y de pequeña escala, además de los primeros pasos para promover una política nacional para el desarrollo minero.
“Estas políticas tendrían que elevarse a políticas de Estado y trascender las administraciones”, consideró la economista.
