La disparidad entre las ganancias que obtienen las empresas mineras versus lo que dejan en el Perú, ha sido un tema clave (y muy tocado) en contienda política. Así, el candidato por Perú Libre, Pedro Castillo, ha pregonado que “las mineras saquean el país” y que, de llegar al poder, las obligará a dejar el 70% de sus utilidades en el Perú “y no al revés (el 30%) como es hoy”.
Frente a ello, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), fue muy clara al asegurar que la realidad es bastante diferente.
“Básicamente, se calcula que la renta del sector minero peruano asciende al 47% (de las utilidades)”, manifestó Raúl Jacob, presidente del gremio minero-energético, en el V Congreso Comasurmin.
Jacob anotó que éste ha sido el promedio de los últimos años. Sin embargo, precisó que este 2021 verá un aumento de 9% a 56%, debido al alto precio de los minerales, que ha mejorado los resultados de las empresas mineras y el pago de regalías, impuesto especial minero (IEM), gravamen especial minero (GEM) e Impuesto a la Renta (de donde sale el canon minero).
Detalló, durante su ponencia, que la minería aporta, además, con otros cuatro conceptos: el aporte por regulación a Osinergmin y al Oefa, el Fondo Compensación para la Jubilación minera, el pago de utilidades a los trabajadores y el impuesto a los dividendos.
“Estos ocho conceptos constituyen la renta minera”, explicó Jacob, añadiendo que las mineras reinvierten otro 30% de sus utilidades en operaciones de mantenimiento y expansión, como el desarrollo de nuevos proyectos, el pago a proveedores y el otorgamiento de crédito a clientes, “actividades que mueven la economía”.
Al final, dijo Jacob, las empresas mineras solo “se llevan” (distribuyen entre sus accionistas) un 23% de sus ganancias.
“La minería deja en el país un monto muchísimo mayor que el que normalmente se piensa”, recalcó.
A modo de comparación, Jacob explicó que la minería peruana tributa más que la australiana (44,3%), la chilena (40,7%) y la canadiense (35,5%), con las que competimos para atraer inversiones.
“Si bien alguien puede pensar que podemos pagar más, sí, pero lo que va a ocurrir es muy sencillo, las inversiones se van a ir a otras jurisdicciones, vamos a perder competitividad y no se van a desarrollar los proyectos”, puntualizó.
