Un estudio de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) señaló que, entre 2019 y 2020, al menos 49 toneladas de oro ilegal en el país se “calentaron” con su introducción al comercio como producto legal para ocultar el origen ilícito.
Este “calentamiento”, según la investigación, generó una pérdida de 9,800 millones de reales para la Amazonía, además de la deforestación de 21,000 hectáreas de selva amazónica para la práctica de la minería clandestina.
Los datos del estudio ahora han sido utilizados por el Ministerio Público Federal (MPF) para respaldar una recomendación enviada a diversas agencias públicas y entidades privadas vinculadas al sector del oro para adoptar medidas para prevenir la entrada de oro ilegal en el mercado regular nacional y de exportación.
“Tanto las entidades y organismos estatales como los actores privados, compradores, vendedores y exportadores de oro, por su omisión deliberada, ya sea en la implementación de controles, o en ausencia de cobros por su implementación y la adopción y cumplimiento de las normas de cumplimiento, Impulsando conflictos, depredaciones, incendios y amenazas de muerte contra poblaciones vulnerables”, afirmó el MPF.
Según la Fiscalía General de la Nación en Itaituba (PA), la facilidad para encubrir el origen irregular del oro alienta una serie de violaciones que ponen en riesgo la vida de los pueblos de la selva y el derecho de los consumidores nacionales e internacionales a la información.
En la recomendación, el MPF observó que casi toda la producción de oro de Brasil se exportó, y en 2019, Canadá, Reino Unido y Suiza fueron los destinos del 71% de los envíos brasileños del metal.
Medidas
Entre los órganos que recibieron la recomendación del Ministerio Público se encuentran la Agencia Nacional de Minería (ANM), los Ministerios de Minas y Energía, Economía, Justicia y Seguridad Pública y Medio Ambiente, la Policía Federal y el Banco Central (Bacen).
Entre las medidas enumeradas por el MPF están, por ejemplo, la adopción de un sistema computarizado para certificar el origen y trazabilidad del oro, la prohibición de las personas naturales y jurídicas no autorizadas para operar en el comercio de metales por Bacen para adquirir oro de áreas con permiso para la explotación minera y adopción de medidas para controlar la custodia del oro.
Además de los organismos públicos, las recomendaciones también se enviaron a los distribuidores de valores (DTVM) autorizados para comprar oro de sitios mineros y entidades como la Asociación Nacional del Oro (Anoro), la Asociación Brasileña de Metales Preciosos (Abramp), la Asociación Brasileña de Fabricantes Certificados Joyas de oro (Amagold) y similares.
En estos casos, el MPF recomendó a las entidades acreditar que el sector ha instituido normas de cumplimiento suficientes para evitar la introducción de oro de origen criminal extraído en tierras indígenas a la cadena de circulación del oro.
“A diferencia de otras cadenas económicas, como la ganadería y los cereales, en las que, en cierta medida, ya se exige responsabilidad social y ambiental a los actores de estas cadenas, contribuyendo a elevar la imagen del país a nivel internacional, en la cadena de producción y circulación del oro no hay demanda”, enfatizó la Fiscalía General de la Nación, destacando que, ante las violaciones y agresiones perpetradas por mineros ilegales en tierras indígenas, existe un “silencio elocuente por parte de los principales actores y entidades representativas de la minería aurífera sectores de adquisición”.
