Desde Antamina dijeron que la protesta afecta no solo a la compañía, sino también a sus 10.000 trabajadores y a la región de Ancash que recibe regalías.
Agencia Reuters.- Las empresas mineras de Perú pidieron el lunes que el gobierno tome medidas para detener protestas contra el sector, que en el más reciente conflicto llevó a que el mayor productor de cobre del país, Antamina, anunciara que suspendía sus operaciones.
Antamina, controlada por Glencore y BHP, dijo el domingo que había parado sus faenas por el bloqueo de una vía por parte de pobladores, que dicen que la empresa ha incumplido sus compromisos sociales.
«Se está perfilando un espiral creciente de protestas, con mecanismos más violentos. Pedimos al Gobierno el respeto del Estado de derecho», dijo a Reuters Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, gremio que representa los intereses del sector.
La protesta contra Antamina se suma a otras acciones de comunidades contra el sector minero que se han reactivado desde que el izquierdista Pedro Castillo asumió la presidencia en julio, luego de ganar las elecciones con un abrumador apoyo de residentes cercanos a las zonas de yacimientos que demandan beneficios por la explotación de los recursos.
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Minas como Constancia de Hudbay Minerals, Las Bambas de MMG Ltd y Antapaccay de Glencore encaran bloqueos de carreteras de pobladores que exigen más beneficios. El viernes, el campamento de una pequeña productora de oro fue incendiado en otra protesta.
Los conflictos con comunidades en regiones donde se explotan los recursos naturales han sido una constante durante años en Perú, que tiene una cartera de inversiones de 56.000 millones de dólares en proyectos mineros, algunos ellos ahora paralizados.
Entre tanto la oposición reclama la renuncia del ministro de Interior, Luis Barranzuela, responsable de la seguridad interna del país y quien enfrentaba criticas por supuestamente organizar en su casa una fiesta el domingo, mientras la nación encara protestas y pese a las restricciones del coronavirus.
La primera ministra, Mirtha Vásquez, ha pedido explicaciones a su colega, que afirma fue una reunión de trabajo. La cita «obedeció a una reunión de coordinación frente a los conflictos al interior de nuestro Perú», dijo Barranzuela por Twitter.
Consecuencias
El presidente y gerente general de Antamina, Víctor Gobitz, afirmó el lunes que se reunirá en las próximas horas con el ministro de Energía y Minas, Eduardo González, para intentar resolver un bloqueo de pobladores desde hace una semana.
«No podemos aceptar que un grupo minoritario imponga la violencia y que la vía de la violencia ejerza un liderazgo», dijo Gobitz a la radioemisora local RPP.
Antamina, ubicada en la región andina de Ancash, produjo 396.200 toneladas de cobre el año pasado en Perú, el segundo mayor productor mundial del metal rojo, según datos oficiales.
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Gobitz dijo que los pobladores que protestan afirman que Antamina no reconoce un terreno de la comunidad de Aquia que está ubicado a 60 kilómetros de la mina, cuando la empresa ha tenido acuerdos de uso y «compra de terrenos con las comunidades» desde que entró en operaciones hace dos décadas.
«En todos ellos se llegaron a acuerdos. Tenemos los documentos, se quiere llegar al extremo», refirió.
Antamina transporta sus concentrados a través de un mineroducto de 300 kilómetros, desde el yacimiento ubicado a unos 4.200 metros sobre el nivel del mar hasta un puerto en la costa del Pacífico desde donde se exporta el mineral.
Representantes de los manifestantes en Aquia no pudieron ser contactados de inmediato para comentar sobre el tema. La controversia con algunas comunidades cerca a Antamina data desde hace una década, según la Defensoría del Pueblo.
El ejecutivo de Antamina dijo que la protesta afecta no solo a la compañía -que tiene ingresos de alrededor de 10 millones a 14 millones de dólares diarios por sus operaciones-, sino también a sus 10.000 trabajadores y a la región de Ancash que recibe regalías de la firma por la explotación de los recursos.
«El país sufre las consecuencias, lo que tenemos que tratar es restablecer el orden», afirmó Gobitz.
