Según el Minem, hay 995 unidades mineras en actividad en el país y los conflictos solo están presentes en el 8% (84) de ellas.
Una delegación del Poder Ejecutivo, encabezada por el viceministro de Minas, Jorge Chávez Cresta, se trasladó esta mañana al distrito de Livitaca, en Cuzco, para continuar el diálogo que propicia el Ministerio de Energía y Minas (Minem), entre la población y la empresa minera Hudbay.
Como se recuerda, las protestas en el Corredor Minero del Sur de hace dos semanas también incluyeron la de comunidades aledañas a la mina Constancia.
Las estadísticas de la Defensoría del Pueblo muestran que, en los tres últimos años, los conflictos han aumentado. En setiembre del 2019, habían 78 casos, y ahora son 84.
Las empresas involucradas con los conflictos son, en primer lugar, Las Bambas (9 casos), en segundo lugar, Southern Peru Copper Corporation, Compañía Minera Antamina (4 casos cada una), y, en tercer lugar, Nexa Resources Peru, Hudbay Perú, Compañía Minera Raura, Compañía Minera Antapaccay y Aruntani (3 cada una).
El comisionado de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, Luis Alvarado, señaló – en diálogo con El Comercio – que, en el panorama minero nacional, los conflictos representan una pequeña cantidad. Según el Minem, hay 995 unidades mineras en actividad en el país y los conflictos solo están presentes en el 8% (84) de ellas.
No obstante, a pesar del número reducido, cuando estallan, su impacto es bastante fuerte.
“El conflicto afecta la gobernabilidad incluso nacional, en algunos casos han caído gabinetes o ministros. Todo conflicto, sobre todo, violento tiene unos costos sociales y económicos muy altos”, describió Alvarado.
