Se trata de las minas operadas por Apumayo, Sami y Compañía Minera Ares, con sus unidades mineras Inmaculada y Pallancata.
Este viernes 19, la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, respaldó la exigencia de las comunidades de Coracora para el cierre definitivo de minas ubicadas en Ayacucho.
Estas operaciones pertenecen a las empresas Apumayo, Sami y Compañía Minera Ares, con las unidades mineras Inmaculada y Pallancata, porque según las poblaciones y las autoridades locales “se encuentran afectando las cabeceras de cuencas”.
“Quiero anunciar que respecto a las 4 mineras que han ido señalando, no habrá ninguna ampliación más para procesos de explotación ni exploración. Vamos a exigirle que terminen y cierren, lo más inmediato posible”, declaró la funcionaria pública.
En la cuenta de Twitter de la PCM, también se informó que el Poder Ejecutivo va a entrar al “proceso de cierre de la actividad minera con cronogramas claros y participativos”.
“Para que ustedes tengan confianza que se cumplirá. Vamos a atender su pedido con los sectores competentes, como el Ministerio de Energía y Minas para verificar in situ”, se publicó.
En ese sentido, en el acuerdo suscrito por Mirtha Vásquez; así como también cuenta con el respaldo del viceministro de Minas Jorge Chávez Cresta, se resaltó que el 15 de diciembre el Ministerio de Energía y Minas presentará un cronograma de visita al entorno de las unidades minera.
De igual manera, tanto la PCM como el Minem han aceptado revisar y evaluar la situación de otros proyectos mineros que se encuentran en la misma zona.
Breampampa y OEFA
Por su parte, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) visitará las instalaciones de la unidad minera Breampampa para “realizar evaluación ambiental de causalidad a fin de identificar el origen de las fuentes de alteración ambiental”.
MINJUSDH respalda a denunciados
De igual manera, en el acuerdo con las poblaciones y autoridades de las provincias del sur de Ayacucho (Parinacochas, Lucanas, Páucar del Sara Sara) se aceptó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) acompañe a los dirigentes y lideres sociales que se encuentren “inmersos en procesos de investigación y denuncias penales por casos de protestas sociales”.
