La industria minera peruana se ha convertido en el blanco de una oleada de hostigamiento a sus actividades inédita en su historia. Una espiral creciente en la que, a los ataques perpetrados contra sus operaciones en el plano social, se suman amenazas de quiebre del marco jurídico que rige su marcha, paradójicamente lanzadas desde el mismo gobierno. ¿Qué factores explican la configuración de este escenario crítico para la minería y cuáles son sus perspectivas como sector en ese contexto? Analizamos las respuestas a estas y otras interrogantes en el presente informe.
Como no sucedía hace décadas, el país se desenvuelve hoy en un contexto de aguda y permanente inestabilidad política que ha proyectado sus efectos a la esfera económica.
En la base del hecho está la marcada situación de desgobierno existente desde el primer día en que Perú Libre asumió la gestión del Ejecutivo. Así, cumplidos sus primeros 100 días, la administración del gobierno se ha caracterizado no solo por el nombramiento de personajes cuestionados en cargos públicos clave del Estado, sino, más grave aún, por el permanente silencio presidencial, por la falta de reacción y ausencia de liderazgo de las autoridades para hacer frente los problemas surgidos durante ese periodo en diversos sectores y, finalmente, por la evidente carencia de objetivos, planes y acciones concretos para resolverlos.
El resultado de esa combinación de hechos en el ámbito político, ha sido un ambiente de inestabilidad e incertidumbre crecientes que, como era de esperarse, han alterado la tendencia en que se desenvolvían las principales variables macroeconómicas del país; comenzando por el del tipo de cambio, cuyo incremento –empujado además por factores externos– alcanzó niveles récord.
El efecto negativo inmediato de ese proceso ha sido, por un lado, el quiebre del equilibrio de precios de insumos determinantes para el sostenimiento de personas y empresas; pero a la vez, lo que es más preocupante aún, ha generado un clima de incertidumbre que ha comenzado a paralizar y retraer las inversiones y cuya prolongación amenaza con afectar las previsiones de crecimiento económico del país y, como consecuencia, afectar el equilibrio de las variables fiscales.
Las respuestas del gobierno frente a este conjunto de problemas enumerados, sin embargo, no han sido medidas acciones que apunten a atenuarlos o resolverlos. Muy por el contrario, como ha sido evidente durante sus 100 días de gestión, todo indica que la administración de Pedro Castillo va a optar –porque hasta hoy solo las ha anunciado, sin concretarlas– por medidas marcadas por una alta carga de prejuicios ideológicos que solo contribuirán a agravarlos.
Y esto es evidente en el caso de la actividad minera, que fue blanco de los ataques del candidato Castillo durante la campaña y al que hoy, desde el gobierno, ha convertido en objetivo central de sus acciones; como lo demuestran las medidas tributarias propuestas para el sector contenidas en el paquete de facultades para legislar en esa materia que el ministerio de Economía solicitó recientemente al Congreso de la República.
