El presidente del OEFA, Hugo Gómez, afirmó que proyecto de plan reactivador no recorta las facultades de dicha entidad
El proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo para alentar las inversiones en el país, busca “un equilibrio entre las sanciones ambientales y las medidas correctivas” y por ello no menoscabará la labor del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), manifestó hoy Hugo Gómez, presidente ejecutivo de esta entidad.
“Esta es la razón por la cual dije lo que dije cuando el ministro del ambiente me preguntó si este proyecto de ley iba a afectar la fiscalización ambiental y mi respuesta fue no. No va a afectar”, señaló el funcionario.
Gómez se refirió así al artículo 19 del proyecto de ley 3627, que en opinión de muchos especialistas en medio ambiente recorta las facultades del OEFA. ¿Qué dice dicha norma y como afecta al ente fiscalizador?
El artículo en cuestión propone cuatro ítems principales:
- Que el OEFA privilegie durante 3 años las acciones de prevención y corrección de la conducta infractora.
- Que tramite procedimientos sancionadores excepcionales.
- Que tramite medidas correctivas; en su defecto multas.
- Las sanciones a imponerse no podrán ser superiores al 35% de la multa que correspondería aplicar, de acuerdo a la metodología de determinación de sanciones.
Según Gómez, el OEFA ya estaba en camino de aplicar los tres primeros ítems, razón por la cual la nueva norma se condice con la estrategia del ente fiscalizador.
«Desde la creación del OEFA, se han impuesto 941 multas firmes, pero el 90% (845 multas) provienen de la época de Osinergmin y solo el 10% (96 multas) han sido impuestos por el OEFA», dijo.
Añadió que en ese mismo tiempo, solo el 1,7% del total de las supervisiones realizadas por el OEFA derivaron en multas.
Y en relación al cuarto punto, indicó que era una medida necesaria para poder aplicar medidas correctivas, en donde el OEFA no cuenta con experiencia. “Si vamos a hacer hincapié en las medidas correctivas, que tienen un costo para el administrado, entonces debíamos buscar el equilibrio con la reducción (pasajera) de la multa”, dijo.
Añadió que si los administrados incumplen las medidas correctivas que el OEFA les aplique, no solo tendrá que pagar el 35% de la multa por la infracción sino que tendrán que asumir, además, el costo de la medida correctiva. “Si no asumen ese costo se le impondrá una multa coercitiva”, concluyó.
Fuente: El Comercio
