La importancia social de la suspensión indefinida del mineroducto es que aproximadamente 20 comunidades campesinas dejaron de pertenecer al área de influencia directa de Las Bambas y, con eso, también se suspendieron indefinidamente sus expectativas de percibir canon y beneficiarse directamente del proyecto minero.
Por: Cesar Delgado Canaval
Gerente de Asuntos Socio-Ambientales
CESEL SA.
Cómo entender que comunidades campesinas, ubicadas a 200 km de la operación minera de Las Bambas, se sientan con derecho a ser incluidas en el área de influencia de dicha mina. Se diría que es como pretender que los habitantes de Chosica sean incluidos en el área de influencia de la mina de Cerro de Pasco. Sin embargo, para encontrar una explicación –aunque no justificación- es necesario conocer toda la historia de este proyecto.
Concepción del proyecto vs realidad de negocios internacionales
En marzo de 2011, en el segundo gobierno de Alan García Pérez, el Ministerio de Energía y Minas aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Las Bambas mediante Resolución Directoral N° 073-2011-MEM/AAM a la empresa Xstrata Las Bambas.
El proyecto fue concebido y socializado a todos los actores que resultaron involucrados, como una operación con tres componentes: el primero sería la mina a tajo abierto de Las Bambas ubicada en la región de Apurímac, el segundo sería un mineroducto de 206 km, atravesando las provincias de Cotabambas, Chumbivilcas, y Espinar, desde la mina Las Bambas hasta las operaciones de la mina existente de Tintaya ubicada la región Cusco.
El tercer componente sería la planta concentradora de molibdeno, la planta de filtros y el almacén de concentrados, que se ubicaría en la mina existente de Tintaya, donde el mineral seria concentrado para su posterior traslado ferroviario hasta el puerto de Matarani.
En el año 2013 las empresas Xstrata y Glencore se fusionan, creándose una de las firmas más poderosas en el sector de las materias primas del mundo. La fusión no estuvo exenta de polémica en el ámbito internacional y debió obtener la aprobación de las entidades antimonopolio de la Unión Europea, el Reino Unido y China.
China, sin embargo, condicionó su aprobación de la fusión a la venta del proyecto minero Las Bambas por parte de Xstrata. Es así como, en el año 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala, la empresa minera pública China MMG obtiene la titularidad de Las Bambas.
Es en este momento que el proyecto minero Las Bambas empieza a sufrir modificaciones, siendo la más crítica la suspensión indefinida de la construcción del mineroducto y su reemplazo por el transporte del mineral por el denominado Corredor Minero Sur, con camiones encapsulados. En el 2016 Las Bambas empieza a operar de la manera que todos conocemos, como una unidad minera con planta concentradora y utilizando camiones encapsulados para el transporte del mineral a través de la vía llamada Corredor Minero Sur.
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Se han esgrimido varias razones para explicar la suspensión indefinida de la construcción del mineroducto, pero la más coherente es que MMG no adquirió la unidad minera de Tintaya (tercer componente) de la fusionada Glencore-Xstrata, por lo que el mineroducto (segundo componente) dejo de tener un punto de llegada.
Por su parte, el proyecto tuvo que ser modificado y la planta concentradora de molibdeno, los filtros, y el almacén de concentrados, originalmente planteados en Tintaya, fueron reubicados al primer componente del proyecto; la propia mina Las Bambas.
La importancia social de la suspensión indefinida del mineroducto es que aproximadamente 20 comunidades campesinas dejaron de pertenecer al área de influencia directa (AID) de Las Bambas y, con eso, también se suspendieron indefinidamente sus expectativas de percibir canon y beneficiarse directamente del proyecto minero.
Corredor Minero Sur ¿vía nacional o camino vecinal?
Es en este contexto, que a partir del 2016 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, durante los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra Cornejo, actualiza el Clasificador de Rutas, reclasificando una serie de redes viales vecinales, que eran utilizadas para acceder a Las Bambas, como una nueva red vial nacional.
Es así como se crea el llamado Corredor Minero Sur, de aproximadamente 400 km. Legalmente, la red vial es una vía pública, de libre circulación, que el estado peruano reclasifica ejerciendo sus atribuciones y en lógica con sus objetivos de desarrollo nacional, atendiendo las necesidades de las poblaciones aledañas y de las actividades económicas de la región.
La percepción de los pobladores adyacentes al nuevo corredor minero es que la reclasificación de las vías vecinales como vía nacional consolida su exclusión del área de influencia directa (AID), tal como fue planteada en el proyecto original dado que el trazo del corredor minero coincide aproximadamente en un 75% con el trazo del suspendido mineroducto.
Denuncian que la única razón de la reclasificación es servir a Las Bambas; por lo que, según su línea argumentativa, no puede considerársele un bien público sino un componente de la mina (en tanto reemplazo del mineroducto) y que, por tanto, les corresponde ser re-incluidos en la AID.
Con asesoría legal presentan argumentos que se basan en la violación de sus derechos consuetudinarios al ser ellos los creadores y “dueños” originarios de estas vías vecinales. Asimismo, denuncian irregularidades al no existir instrumentos ambientales específicos para mitigar el impacto del tráfico de camiones y un traspaso de responsabilidad por parte de la minera al estado, al asumir el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) la titularidad del corredor minero.
Esta historia, resumida y simplificada, desde la concepción del proyecto minero Las Bambas hasta las modificaciones que ha sufrido en su puesta en marcha, permite contextualizar y explicar el conflicto y las razones por las cuales comunidades campesinas a 200 km de la operación minera reclaman ser incluidas en la AID.
Análisis de un conflicto anunciado
Se critica al Estado peruano por no intervenir a tiempo para condicionar la venta de Las Bambas vinculándola a la adquisición de Tintaya, a fin de mantener la integridad del AID original. Sin embargo, poco podía hacer el estado peruano para condicionar dicha venta a la permanencia del tercer componente operacional en Tintaya ya que dichas unidades eran independientes en cuanto a sus contratos de concesión minera; y, por ende, la única manera de preservar el AID original, solo podía darse mediante un acuerdo entre privados, siendo el estado solo espectador.
Finalmente, debe entenderse que los compromisos socio-ambientales de un EIA son exigibles y vinculantes cuando se inician las actividades de construcción y/u operación, y en este caso en particular el EIA contempló tres componentes claramente diferenciados, sugiriendo que siempre fue una posibilidad descartar alguno o en su defecto realizar la construcción por etapas. Al no construirse ni operarse alguno de los componentes no hay impactos generados por este, por lo que la AID del componente específico no es aplicable.
De la misma manera se responsabiliza a la empresa minera de no haber utilizado los mecanismos adecuados de participación ciudadana/relacionamiento comunitario, para socializar las modificatorias al proyecto en cuanto a su AID y el método de transporte del concentrado.
Debe recordarse que los procesos de participación ciudadana de ese entonces se dieron bajo gran convulsión social, por lo que, a pesar de haber cumplido con los requisitos formales para la aprobación de las modificaciones, estas no fueron o no pudieron ser socializadas a profundidad, en especial con todos los actores del proyecto original.
Este hecho debió obligar a la oficina de Relacionamiento Comunitario de la unidad minera a cumplir una adecuada campaña de difusión ex post a la modificación, ya que uno de los puntos por los cuales muchas comunidades abrazaron el proyecto fue su gran AID y que parte de la actividad de procesamiento del mineral seria en Tintaya (lugar impactado por dicha actividad hace décadas).
Por otro lado, se tilda a las comunidades campesinas de radicales e intransigentes con respecto a sus demandas de compensación por el impacto que genera la circulación de camiones mineros en el corredor. Siendo una de las principales demandas la restitución del AID del proyecto original.
Es decir, que Las Bambas asuma la titularidad del Corredor Minero Sur, demanda que parece inviable debido a que el denominado Corredor Minero Sur dejaría de ser un bien público y se volvería privado, de tránsito exclusivo de la mina; lo cual atenta contra el derecho de los particulares que también circulan por dicha vía.
Es por ello que el MTC asume la titularidad del Corredor Minero Sur y desde el 2017 ha intentado elaborar el expediente técnico del corredor y su correspondiente EIA, a fin de mitigar los impactos percibidos por las comunidades, pero sus esfuerzos han sido sistemáticamente bloqueados por estas.
Resulta evidente concluir que no es un conflicto contra la actividad minera “per se”, sino más bien una exigencia de ser re-incluidos en el AID. Prueba de ello el continuo bloqueo, por parte de las comunidades, a cualquier solución intermedia (como el asfaltado de la vía por parte del MTC) evidenciando una estrategia para mantener el “status quo” evitando soluciones que no incluyan a MMG Las Bambas directamente.
El hecho concreto es que tenemos una operación minera que representa aproximadamente un punto del PBI nacional, que se constituye en una fuente de ingresos importante para el estado nacional, los gobiernos regionales, locales y las comunidades campesinas en su AID, pero que presenta problemas en su operación debido a la problemática antes expuesta.
Reflexiones finales
Debemos internalizar y aprender de las lecciones que nos deja el proceso de concepción y modificación del proyecto Las Bambas, su vulnerabilidad en cuanto a la realidad de los negocios y mercados internacionales, las limitaciones del rol del estado y la importancia de las buenas relaciones comunitarias en los proyectos extractivos, a fin de evitar que estos conflictos escalen a las proporciones actuales.
Es indispensable encontrar una solución final para la problemática de Las Bambas y esta pasa por definir y construir la opción más conveniente para el transporte del mineral en concenso con todos los involucrados.
No existen soluciones perfectas, pero se han propuesto varias, entre ellas el relanzamiento del mineroducto con un nuevo trazo y punto de llegada, lo cual reconcilia el proyecto con su concepción original. Sin embargo, sus detractores advierten que podrían generar conflictos por el uso de agua ya que un mineroducto necesita grandes cantidades de esta para operar.
Por otro lado, se proponen rutas viales alternas o la extensión de la red nacional ferroviaria, eliminado la circulación de los camiones de Las Bambas en el Corredor Minero Sur y por ende los impactos percibidos por los pobladores.
Sin embargo, la construcción de dicha infraestructura nueva (vial y/o ferroviaria) no asegura la desactivación de la conflictividad social en el corredor, ni paz social en la nueva ubicación. Por ello, para llegar a un entendimiento duradero, debe explicarse claramente que esta nueva infraestructura sería pública o bajo el esquema de concesión. No podría ser parte de la operación de Las Bambas y por lo tanto no serían parte de su AID.
Cualquiera de estas soluciones es técnicamente viable, solo se necesita honestidad en su planteo, transparencia en su ejecución y especialmente claridad y madurez política en todos los actores para entender las implicancias de cada una.
