Rafael Lengua Peña, Socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría
Recientemente, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso aprobó un dictamen que abarca seis proyectos de ley promovidos por diferentes grupos políticos con diferentes planeamientos y que busca, entre otros, que el 40 % del canon minero sea asignado directamente a la población.
No es novedad que se plantee en el Congreso una forma de distribución directa del canon. Han existido numerosas propuestas en ese sentido a través de los años, motivadas más por un afán de obtener rentas políticas que por un sustento técnico, las cuales nunca llegaron a concretarse debido a la fuerte oposición del Ministerio de Economía y Finanzas. Los periodos electorales tampoco han estado libres de este debate.
Es más, durante la última campaña electoral, Fuerza Popular promovió una propuesta similar, también titulada “canon para el pueblo”, que buscaba corregir los problemas de ejecución de los gobiernos locales y regionales y destrabar las inversiones mineras.
El canon tiene su base en la Constitución (art. 77) y la Ley 27506 y representa la participación que gozan los gobiernos regionales y locales en el total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación económica de recursos naturales.
El canon minero está constituido por el 50 % del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la actividad minera por el aprovechamiento de los recursos minerales, metálicos y no metálicos y su uso está destinando al financiamiento de obras en beneficio de la población.
El dictamen aprobado crea el “canon para el pueblo” que permite que el 40 % del canon minero sea entregado directamente y en efectivo a los pobladores u hogares en condición de pobreza o pobreza extrema que tengan cinco o más años de residencia en la localidad del departamento en donde se realiza la explotación minera.
El argumento principal para sustentar esta propuesta es el histórico bajo nivel de ejecución de los gobiernos regionales y locales de los recursos percibidos por canon que oscila entre aproximadamente 60 % y 70 %, así como el mal uso de estos recursos en inversiones que no contribuyen a cerrar brechas, ni mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
La propuesta es interesante y, en mi opinión, tiene varios aspectos positivos. Primero, efectivamente, podría contribuir a solucionar el problema de baja ejecución presupuestaria de los gobiernos locales y regionales, pues implicaría que dejen de recibir un monto similar al que año tras año no son capaces de invertir.
Segundo, se le otorga un mejor uso al dinero a un bajo costo de oportunidad, pues en vez de permanecer en las cuentas bancarias del Estado se entrega directamente a personas y/o familias en condición de pobreza o pobreza extrema para que atiendan sus necesidades primarias con lo cual, a su vez, dinamizarán el consumo y la economía local.
Tercero, podría ayudar a solucionar en el corto plazo los conflictos sociales en zonas mineras y a destrabar inversiones en proyectos mineros detenidas por la falta de licencia social al eliminar a los gobiernos regionales y locales como administradores de estos recursos y, por tanto, alinear los intereses de los pobladores locales con el interés del país en que haya más inversiones y se aumente la producción minera.
