Según analistas, hay sectores que utilizan mucha mano de obra tercerizada. Entre los principales está la construcción.
El próximo 22 de agosto entrará en vigor el decreto supremo N° 001-2022-TR, que limitará la tercerización laboral.
Para los analistas, consultados por Perú21, esa medida traerá consecuencias graves respecto a la reducción del empleo formal.
De acuerdo con la socia del Estudio Echecopar, Mónica Pizarro, hay muchas empresas que se dedican a prestar tercerización cuya actividad.
Así, a partir de la vigencia de esta norma, podría considerarse ilegal y estas tienen dos alternativas: seguir operando en situación de incumplimiento, estando así en la informalidad, o cerrar, destruyéndose empleo.
A su turno, el profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico, Jorge Toyama, consideró que el presidente Pedro Castillo dio un dato inexacto en su mensaje a la nación.
El presidente Castillo mencionó que 100.000 trabajadores tercerizados (que son el total bajo esta modalidad) pasarían a planilla.
“Si se tiene en cuenta que estamos ante una norma que solo ataca actividades nucleares tercerizadas, el número de trabajadores que serían contratados por la empresa principal no excedería el 10%”, comentó.
“Hay tres tipos de actividades que se tercerizan: la actividad complementaria, que debe estar (compuesta por) entre el 30% y 40% (de trabajadores); la actividad principal, que debe ser entre un 40% y 50%, y luego la actividad nuclear, que no debe superar el 10%”, detalló.
Asimismo, indicó que desde el 22 de agosto estas empresas se dividirán entre las que van a incluir en su nómina a los terceros como trabajador propio, que son muy pocas.
Las que tienen medidas cautelares del Poder Judicial y no están obligadas porque hay una sentencia que dice que la prohibición es inconstitucional, que deben ser entre 150 a 200 empresas.
Y las que están en proceso judicial pero aún no cuentan con resolución favorable.
“No se descarta que la Sunafil salga el 22 a los centros de trabajo para buscar incumplimiento de tercerizaciones nucleares”, opinó.
Además, Toyama resaltó que entre 15.000 y 20.000 puestos de trabajo estarían en riesgo y que estos, en su mayoría, son posiciones desarrolladas por personas especializadas.
Además, esto afectaría al propio Estado.
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Sectores afectados
Pizarro señaló que hay sectores que utilizan mucha mano de obra tercerizada. Entre los principales está la construcción, donde existe amplia especialización.
En una obra, explicó, una empresa hace el movimiento de tierras, otra ve los acabados, otra se encarga de las instalaciones eléctricas.
Sin embargo, en función de esta norma, el constructor tendrá que contratar directamente a todo el personal que realiza estas labores.
Sin embargo, no al soporte administrativo de la empresa tercerizada como las áreas de contabilidad, logística o administración.
“Cuando el Ministerio de Trabajo pretende hacer creer que este cambio es una suma cero y que los puestos que salen de las empresas tercerizadas pasan a la empresa principal, es falso”, sostuvo.
“Qué pasa con el personal administrativo que está detrás de la operación y que no se desplaza a las instalaciones, con los proveedores que brindan servicios a ese tercero. Son empresas que van a terminar saliendo del mercado, destruyéndose puestos de trabajo”, advirtió.
Apuntes
Los ejemplos del Ministerio de Trabajo se refieren a tercerizaciones ilegales, para lo que no se necesitaba prohibir esta modalidad a fin de resolver el problema, explicó Mónica Pizarro.
La recontratación no se aplicaría a los trabajadores administrativos de las empresas tercerizadoras, quienes quedarían sin empleo.
