Gremio empresarial espera que organismo internacional se reúna con todos los sectores del país para conocer su visión de los hechos.
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) considera que el uso de los mecanismos Constitucionales para controlar el mal uso del poder, investigar y sancionar los delitos supuestamente cometidos por el presidente y su entorno cercano, no puedan ser considerados como un golpe de estado.
Por ello, lamenta que el presidente Pedro Castillo Terrones, siga sin dar explicaciones de sus actos al pueblo peruano y en su reciente Mensaje a la Nación haya preferido denunciar un inexistente complot contra la democracia, para solicitar la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) en nuestro país.
Asimismo, subraya que no corresponde activar la Carta Democrática Interamericana. Sin embargo, afirma que la decisión tomada el día de hoy por el Consejo Permanente de la OEA, de enviar una misión a nuestro país, permitirá que sus funcionarios escuchen directamente a los distintos actores políticos y de la sociedad civil y entiendan lo que realmente está ocurriendo.
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“Por ello, invocamos que su visita y actividades se realicen con la transparencia y objetividad que este caso amerita. Estamos convencidos que entenderán que las investigaciones realizadas por la Fiscalía de la Nación y el Congreso de la República sobre los actos de corrupción señalados, no constituyen acciones destinadas a alterar el orden constitucional y, por el contrario, buscan proteger la democracia peruana”, precisa la CCL.
En ese sentido, manifiesta que es de vital importancia para evaluar la situación peruana lo señalado por el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, quien sostuvo que “la rendición de cuentas es vital para un sistema político democrático”, lo que constituye un nuevo llamado para que el mandatario peruano finalmente responda por sus actos.
Cabe precisar que las acciones o decisiones que deriven de la aplicación de la Carta Democrática de la OEA no impiden ni limitan el accionar de la Fiscalía de la Nación o del Congreso de la República, los cuales se encuentran amparados dentro de los alcances y competencias que garantiza la Constitución Política del Perú.
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El gremio empresarial reitera su reconocimiento a la labor que vienen realizando la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial y el Congreso de la República, quienes deben ceñirse a la Constitución y los Tratados Internacionales suscritos por el Perú.
Finalmente, sostiene que es urgente resolver por los cauces democráticos la crisis política que atraviesa el país, pues sus consecuencias ya se perciben en la falta de empleo formal, el menor dinamismo de la economía y hasta en aspectos tan importantes para la estabilidad macroeconómica como la calificación crediticia que el Perú tenía y cuya perspectiva fue rebajada este jueves por la agencia calificadora Fitch Ratings.
