En septiembre, el Ministerio de Medio Ambiente, señaló que Colombia podría exigir a las empresas mineras que obtengan licencias ambientales.
El presidente Gustavo Petro propuso el fin de semana una reforma al código minero de Colombia, que se emitió inicialmente en 2001.
Durante un cabildo realizado en la localidad de Dabeiba, en el noroccidente antioqueño, Petro dijo que es urgente una actualización.
Porque -indicó según Mining.com- el código vigente permite la exploración minera en áreas que albergan importantes recursos de agua dulce y tierras agrícolas.
“Hay que reformarlo, no nos sirve de nada (…) El Estado ya no debe priorizar a las grandes multinacionales mineras”, manifestó.
“El Estado debe priorizar al pequeño minero tradicional, a la pequeña minería tradicional y sobre todo apoyar el esfuerzo minero que sin duda se necesita”, afirmó Petro.
“Porque esta no es una guerra contra la minería sino contra las formas en que actualmente se hace la minería en Colombia”, declaró.
Más apuntes
Para seguir adelante con la reforma, Petro sugirió organizar una gran convención minera nacional donde los pequeños mineros puedan presentar sus ideas sobre los contenidos del código minero actualizado.
El presidente también hizo un llamado a los pueblos indígenas que viven en áreas afectadas por la actividad industrial para que busquen recursos del gobierno.
Y tomen la iniciativa en la revitalización de las selvas de Colombia y la conservación de las fuentes de agua dulce.
Centrarse en la minería
Esta no es la primera vez que el nuevo gobierno pone sus ojos en la industria minera.
En septiembre, la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, señaló que Colombia podría exigir a las empresas mineras que obtengan licencias ambientales.
Ello, para la exploración a fin de proteger el medio ambiente, aumentar el control estatal y evitar conflictos entre las comunidades y las empresas extractivas.
El anuncio tuvo lugar en momentos en que las empresas mineras y de petróleo y gas ya daban la voz de alarma sobre una propuesta de reforma fiscal de $ 5.600 millones que implicaba un aumento del 5% en los impuestos sobre la renta de las industrias extractivas.
Así como un aumento del 20% en el impuesto a la exportación de petróleo y carbón vendido por encima de ciertos precios de umbral.
