Entre las regiones integrantes de la Macrorregión Sur que recibieron más recursos se encuentra en primer lugar Arequipa con más de S/ 1,485 millones; seguido de Tacna con más de S/ 1,136 millones.
La transferencia de recursos generados por la actividad minera a los gobiernos regionales y locales de la Macrorregión Sur, que incluyen el Canon Minero, Regalías Mineras Legales y Contractuales, y Derecho de Vigencia y Penalidad, sumaron de enero a diciembre de 2022, más de S/ 5,110 millones, de acuerdo a la última edición del Boletín Estadístico Minero, informó el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
Esta cifra transferida a los gobiernos integrantes de la Macrorregión Sur, -que comprende a las regiones de Apurímac, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna- contribuye de manera decisiva a la continuidad de las actividades económicas regionales.
El documento estadístico precisa que solo en las transferencias por Canon Minero para estas regiones se alcanzó una cifra superior a los S/ 3,667 millones, monto que va dirigido a los gobiernos subnacionales para la ejecución de obras públicas en diversos sectores, en beneficio directo de la población.
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Asimismo, las transferencias por el concepto de Regalías Mineras Legales y Contractuales entre enero y diciembre de 2022 sumaron más de S/ 1,301 millones, situación que fue alentada por los altos precios de los metales en el primer semestre del año, lo que generó mayores utilidades para las compañías mineras y, asimismo, el pago de más impuestos.
Finalmente, las mencionadas regiones recibieron por Derecho de Vigencia y Penalidad un monto que supera los S/ 141 millones.
Entre las regiones integrantes de la Macrorregión Sur que recibieron más recursos se encuentra en primer lugar Arequipa con más de S/ 1,485 millones; seguido de Tacna con más de S/ 1,136 millones; en tercer lugar, Moquegua con una cifra que supera los S/ 769 millones; y en cuarto lugar Cusco con más de S/ 703 millones, entre otras.
El MINEM destaca que los recursos generados por la actividad minera constituyen una fuente de financiamiento de vital importancia para los gobiernos regionales y municipales, ya que les permite ejecutar proyectos públicos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y en especial de las comunidades que se ubican en las zonas aledañas a los proyectos mineros.
