En busca de inversión. Muchos de ellos están paralizados o retrasados por el cambio de viento en el precio de los commodities o la conflictividad social.
En la actualidad existe una cartera de 20 proyectos mineros que se encuentran detenidos o en situación de retraso por diversos motivos que implicarían inversiones superiores a los US$ 25 mil millones.
El caso más emblemático es el proyecto Minas Conga, ubicado en Cajamarca y operado por Yanacocha y que implica una inversión de US$ 4.800 millones. Este se trata de un proyecto aurífero y cuprífero que está paralizado por razones sociales desde casi inicios del actual gobierno y poco se conoce de los avances salvo algunas obras menores que realiza la empresa mientras se resuelve la conflictividad.
Otro es Tía María de Southern Perú ubicado en Arequipa con inversiones estimadas en US$ 1.000 millones. Este proyecto de cobre también se encuentra paralizado por conflictos sociales. Por el mismo motivo están paralizados los proyectos Santa Ana (Puno) de Bear Creek, con una inversión de US$ 70 millones, así como el proyecto Cañariaco (Lambayeque) de Copper Perú que demandaría una inversión de US$ 1.599 millones.
Como explica Rómulo Mucho, ex presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, la conflictividad social generó también retrasos en proyectos que estaban por salir como Río Blanco (Piura) de Minera China Río Blanco Copper con una inversión aproximada de US$ 1.500 millones.
En tanto, en Cajamarca están los proyectos Galeno de Minmetals, que compromete una inversión de US$ 2.500 millones, y el proyecto La Granja de la minera Río Tinto con una inversión de US$ 1.000 millones.
Sobre el proyecto cuprífero Michiquillay, en donde Anglo American acaba de rescindir contrato con el Estado peruano. Mucho explica que se debió por la caída de precios internacionales de los metales, así como de la conflictividad de la región.
«Cuando existe pérdida de confianza y de paciencia de parte del empresario el proyecto simplemente se viene abajo», agregó.
Proyectos retrasados
Existe otro bloque de proyectos que a la fecha se encuentran con retraso por problemas con las comunidades como Las Bambas (Apurímac), lo que habría provocado que MMG postergue el proyecto, de US$ 2.500 millones, hasta el 2016. En esa misma situación se encuentra el proyecto Constancia ubicado en Cusco, de Hudbay, cuya inversión asciende a US$ 1.790 millones.
Mientras que el retraso del proyecto Toromocho es motivado por problemas técnicos de calidad del mineral, pero se estima que en el 2015 entre en producción en un 100%.
El financiamiento y la decisión de la empresa también han paralizado proyectos como es el caso de Quellaveco (Moquegua) de Anglo American e inversiones de US$ 3.300 millones o el proyecto Haquira (Apurímac) en donde Minera Antares tiene estimado invertir US$ 2.800 millones. Asimismo, están los proyectos Pampa del Pongo (Arequipa) de Jinzhao por US$ 3.280 millones y el proyecto Corani, de Bear Creek en Puno, por US$ 750 millones.
El factor permisos
En opinión de José Miguel Morales, director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), gran parte de los proyectos mencionados hubieran salido a tiempo si se otorgaban los permisos hace dos años cuando los precios de los metales estaban aún altos.
«Los proyectos mineros requieren una serie de estudios y permisos, en lo cual se ha mejorado con las últimas medidas del Ejecutivo, que toman tiempo, pero lo que está programado sale sí o sí aunque quizás un poco después», anotó.
La cartera total supera los US$ 60 mil millones
Según el Ministerio de Energía y minas (MEM), la cartera del sector está compuesta por 54 principales proyectos que suman US$ 60.938 millones, la mayoría de ellos se encuentra en etapa de exploración, aunque también hay algunas que ya cuentan con el estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado.
«Los precios de los commodities no deben retrasar los proyectos, desde que son de larga maduración. Los escenarios de precios tienen altas y bajas, pero avanzan siempre hacia lo positivo», aclaró Rómulo Mucho, experto en temas mineros.
Fuente: La República
