Por: Eva Cruz
Entrevista: Rubén Coa, presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República – 2014-2015
El parlamentario Rubén Coa Aguilar, presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, admitió, en una entrevista exclusiva para RUMBO MINERO, que el país aún no está preparado para afrontar la consulta previa en el sector minero. Y es que, pese a que existe un sustento jurídico para este mecanismo, se deben hacer mayores esfuerzos para llegar a consensos con las comunidades y así darle mayor confianza al inversionista.
¿Qué medidas legislativas se vienen promoviendo para fomentar la inversión minera y energética en el país para el próximo año?
En esta primera etapa lo que vamos a hacer, entre otros aspectos, es afianzar los alcances de la Ley 29970, ley marco que posibilita la seguridad energética, el polo petroquímico y el gaseoducto sur andino. Además, ya está preparada la agenda para ver qué componentes del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley General de Minería serán materia de tratamiento en la comisión.
Al igual que los parlamentarios, las comisiones ordinarias del Congreso, como la que preside, tienen tres funciones específicas, que son las de representar, legislar y fiscalizar.
Dentro de la comisión, se despliegan visitas de carácter inspectivo a operaciones mineras, sea de manera inopinada o coordinada con las instituciones y la sociedad civil involucrada. Tenemos una agenda de visitas que se van a desarrollar en distintos puntos del país.
Hablando de la consulta previa, existe un marco jurídico que la regula. Se ha anunciado que el gobierno implementará este mecanismo para el sector minero en el primer semestre del 2015.
Será el gran problema por muchos años más y va a depender, más allá del marco jurídico que pueda impulsarse, de estrategias de búsqueda de consensos con las poblaciones involucradas. Creo sinceramente que la base social, el tejido social de nuestro país, y particularmente la base política, aún no está preparada para un proceso tan importante como la consulta previa. Actualmente por razones políticas y coyunturales este concepto se viene trastocando y distorsionado, se ve a la consulta previa como un derecho a veto, y a condicionar posibilidades de nuevas inversiones.
Desde su experiencia, ¿considera que falta empoderar a quienes han sido democráticamente electos para hacer sentir la voz de la comunidad aledaña a la operación minera?
Creo que las comunidades campesinas no tienen en sí mismas una postura anti minera, lo que hay es una distorsión de carácter político y trasladan un mensaje distinto, ellos quiere ser actores directos. De otro lado, quienes deben ser voceros en estos temas son las autoridades democráticamente elegidas y no los delegados de los frentes sociales, es decir los famosos frentes de defensa. No digo que no cumplan un rol, pero cuando son copados por organizaciones políticas, no expresan el sentir de la población sino el de sus propios intereses políticos.
(Lea la entrevista completa en la edición impresa de su revista RUMBO MINERO Nº 83)
