Preocupante realidad. A la fecha la mitad de las empresas exportadoras de oro, cerca de 60 compañías de un total de 120, son sospechosas de comprar oro ilícito, producto de la minería ilegal.
Así lo estimó el Gobierno al sustentar un reciente proyecto de ley (4108/2014-PE) -enviado al Congreso el pasado 30 de diciembre- que establece mayores exigencias a estas compañías para acreditar la procedencia del oro y refuerza la labor de fiscalización de la Sunat.
El documento subraya que solo en el 2013 la actividad minera de procedencia ilegal habría exportado oro por un valor de US$ 2,900 mlls.
Sustentar origen del oro
El proyecto de ley propone obligar a la empresa adquirente del mineral a conservar copias de los documentos que certifiquen la procedencia legal del producto, los cuales serán requeridos por la Sunat. Los documentos son el Código Único de Concesión de donde proviene el producto minero, y su vigencia, así como la Autorización de Explotación del vendedor.
Además, la razón social, RUC y domicilio fiscal; o nombre y apellidos, DNI y domicilio real del vendedor, según sea el caso. La actual legislación obliga al productor a tener estos documentos, pero el comprador no está obligado a quedarse con una copia de ellos. “Se ha detectado que en todas las etapas de comercialización, incluida la exportación, se intercambia oro cuyo origen legal no es acreditado”, sostiene la norma. Asimismo, se establece una pena privativa de la libertad de entre uno a tres años a quien comercialice, almacene o saque del país un producto minero “cuyo origen ilegal conoce o debe presumir”, subraya el proyecto de ley.
Los datos Sunat. El proyecto faculta a la Sunat a luego requerir de más documentos que sustenten el origen del oro.
Proceso. La iniciativa sería votada en el Congreso a partir de marzo, al iniciar la próxima legislatura.
Fondo para remediar impacto
Fuente: Gestión
