Rumbo Minero hace de conocimiento público su desacuerdo con el informe de la Comisión Internamericana de Derechos Humanos (CIDH) el cual manifiesta en el punto 32: “La economía peruana está basada, primordialmente, en un modelo extractivista, cuyas regalías no han contribuido a reducir significativamente la desigualdad ni han traído desarrollo a las regiones donde predominan los pueblos indígenas y las comunidades campesinas”.
En dicho informe se establecen señalamientos inexactos con respecto a la economía del país, ubicando a la minería formal, moderna y sostenible peruana como un ejemplo del “modelo extractivista”.
Hoy solo una posición ideológicamente sesgada puede negar la enorme contribución al progreso y desarrollo del pais de la minería formal moderna, sobre todo en las zonas aledañas a los proyectos mineros y comunidades rurales adyacentes y regionales. Esta minería no solo es el principal motor de la economía nacional sino tambien una fuerza generadora de reducción de pobreza y creación de empleos directos e indirectos.
La industria minera formal en el Perú emplea directamente a 200.000 personas e indirectamente alrededor de un millón, sobre una población de 32 millones de compatriotas.
No se puede negar tampoco la contribución fiscal del sector con un aporte de divisas a la hacienda que dinamiza al comercio exterior.
Cabe resaltar que en el 2022, la minería formal moderna aportó S/15,848 millones solo en tributación (canon, y sobre canon entre otros) y con más de S/10 mil millones destinados a los gobiernos locales y regionales. Áncash, por ejemplo, recibió más de S/2,860 millones.
¿Cómo se podría explicar la reducción de la pobreza y la pobreza extrema en Espinar, Moquegua, Apurímac, Chumbivilcas y Áncash sin el aporte decisivo de la minería formal moderna? Es imposible. Otro ejemplo: Las provincias mineras se ubican en los primeros lugares nacionales de los índices de comprensión lectora.
Es responsabilidad del Estado transformar los ingresos provenientes de la minería en desarrollo, tarea pendiente desde hace años. La ineficiencia del aparato público, en sus distintos niveles de gobernanza, en la ejecución de proyectos que contribuyan al desarrollo, es limitada. La ejecución de los gobiernos subnacionales del canon minero, por ejemplo, no llega ni al 60%.
Afirmar sin base estadística alguna ni apelar siquiera a un estudio serio de nuestra realidad, que la minería moderna (el “modelo extractivista” según el concepto peyorativo de la CIDH) no ha reducido la desigualdad solo es desviación ideológica. Finlandia, Canadá, Chile o Australia tienen industrias extractivas que, en el marco de Estados más eficientes, cierran brechas sociales históricas, articulan territorialmente el desarrollo y aplican políticas a favor de más inversión minera formal moderna.
Concluimos entonces que nada, absolutamente nada tiene que ver la minería formal moderna ni el entorno en el cual se desempeña, con las protestas y actos violentos contra el Gobierno de la Presidente Dina Boluarte cuyo origen y estabelcimiento constitucional fue producto de un intento de golpe del ex Presidente Pedro Castillo.
