El presidente de Sonami, Jorge Riesco, señaló que el plazo de tramitación de un proyecto minero es de nueve años.
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, declaró: “apreciamos que se propongan medidas en orden a disminuir en 30% el tiempo de tramitación de proyectos mineros, pero consideramos que es insuficiente para que se despliegue con fuerza la inversión minera. Debemos recordar que recientemente la CNEP (Comisión Nacional de Evaluación y Productividad) determinó que el plazo de tramitación de un proyecto minero es de prácticamente nueve años”.
Asimismo, sostuvo que “considerando que la actividad minera se desarrolla en el largo plazo, para lo cual requiere certeza jurídica y estabilidad en las normas que regulan la inversión, no apreciamos medidas que apunten en esa dirección, en circunstancias que países que compiten con Chile por atraer inversión minera extranjera, como el caso de Perú, sí cuentan con estos mecanismos de invariabilidad tributaria. Además, se plantea desarrollar una minería limpia y competitiva, pero no hay una correspondencia con los instrumentos para ello”.
Por último, sobre este mismo ámbito, Riesco resaltó que para desarrollar una minería limpia y competitiva, ya en operaciones en muchas faenas, “no está claro en que ayudaría la aplicación de créditos tributarios (Ley de créditos tributarios). Al respecto, cabe hacer presente que el 80% del agua que utiliza la minería en sus procesos se recircula. Esto es conocimiento, esto es competitividad, esto es, en definitiva, eficiencia”, concluyó.
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Pacto Fiscal para el Desarrollo
Asimismo, Jorge Riesco, se refirió a los anuncios del gobierno establecidos en el Pacto Fiscal para el Desarrollo.
Al respecto, Riesco aseguró que “valoramos el objetivo último al que apunta el Pacto Fiscal para el Desarrollo, cual es precisamente racionalizar el gasto público y por esa vía contribuir al crecimiento económico del país”.
Agregó que “lo que tenemos a la vista son sólo titulares que deberían guiar el accionar del gasto fiscal. Pero naturalmente lo que se requiere para una mayor transparencia, eficiencia y calidad es precisamente conocer los detalles y alcances de las medidas enunciadas. Se insiste en la fórmula de comisiones y comité de expertos, que no tenemos claro qué papel cumplirán”.
Si bien considera positivo que se avance en el proceso de evaluación de programas y políticas públicas, a través de la creación de una agencia para la Calidad de las Políticas Públicas, no obstante, se mostró preocupado frente algunas medidas relacionadas como la que señala una reforma a la tributación a la renta y que incorpore aumentos de impuestos.
“Cabe preguntar entonces, en que consiste esta reforma, cuál es su alcance, que impuestos se aumentarán, a que niveles, etc. No tener información sobre esta materia genera incertidumbre y, por cierto, afecta los niveles de inversión y en definitiva el crecimiento”, precisó.
