MINERÍA. Mientras la economía del Perú está al borde de la recesión, y para algunos ya en franca recesión, en los últimos años se han frustrado inversiones mineras e ingentes pérdidas colaterales producto de la agitación antiminera que los expertos calculan en alrededor de 30 mil millones de dólares. Y la principal ONG que participó en estas movilizaciones es Grufides, que dirige el exsacerdote Marco Arana, entidad que ha logrado que la cooperación internacional la solvente con 1’536,353 euros y US$ 912,082, según datos oficiales de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) a los que EXPRESO tuvo acceso.
Esos ingentes recursos fueron obtenidos entre los años 2006 y 2014 de la cooperación española, de Alemania, Bélgica y Estados Unidos, es decir de la germana ONG Misereor, de diversas entidades públicas y privadas de España, de Oxfam y el Fondo para la No Violencia de Norteamérica, de la fundación Apletton, de Asociación Entre Pueblos, entre otras.
Todas estas entidades tienen por denominador común –en 29 proyectos– financiar principalmente las actividades supuestamente pro ambientales: “el derecho humano al agua, a la biodiversidad, el fortalecimiento de la sociedad civil, la defensa de los derechos humanos y la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer”.
No hubo actividad antiminera, como en Conga, Tambogrande y últimamente Tía María, donde no haya estado el mismo Marco Arana y su entorno, como se ha visto en los medios de comunicación, y todo indica que los países que están solventando las algaradas antimineras,cada vez más violentas, son cómplices tácitos del deterioro no solo de este creciente violentismo, como en el caso Tía María, en Islay, Arequipa, sino además del deterioro economía peruana, según se comentó en una oportunidad en los corrillos de la presidencia del Consejo de Ministros.
La intervención de estos recursos extranjeros se presenta ante APCI mediante la ONG Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible, que hace de entidad ejecutora de los proyectos, pero la declarante es la ONG Grufides que la rúbrica mediante sus responsables, coordinadores de proyectos o representantes legales que son Sergio Sánchez Ibáñez, Mirtha Esther Vásquez Chuquilín, Denis Rodolfo Malpica Alfaro y Mirtha Isabel Villanueva Cotrina.
El desembolso emblemático fue otorgado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para el proyecto “Fortalecimiento de la sociedad civil para la exigibilidad de los derechos económicos sociales culturales y ambientales y la gestión sostenible de los recursos naturales en Bolivia y Perú” por un monto de 795,640 euros para ser trabajados entre el 2 de enero de 2012 al 30 de septiembre de 2014.
Afirman que están entre sus objetivos crear “espacios de debate, reflexión y elaboración de propuestas para las leyes más relevantes para garantizar los derechos humanos en la minería, (que) tiene que ver con la ley de recursos hídricos, la ley marco de consulta a los pueblos…”.
La orientación u objetivo estratégico de la intervención de los cooperantes dicen que es apoyar el proceso de descentralización con metas específicas de “fomentar el desarrollo de políticas coordinadas entre los niveles central, regional y local” en los distritos cajamarquinosde Cajabamba, Celendín, Hualgayopc, San Marcos y en otras dos localidades de la misma región.
En el primer año de trabajos, 2012, cuando estaban en todo su furor los problemas de Tambogrande y Conga, se perfilaron gastos por el orden de 795,639.53 dólares. Y en las proyecciones por rubro –hasta finalizar el proyecto– los gastos en personal son los más altos (US$ 312,651.62), seguidos de consultorías (US$ 201,504.62), que sumados dan la cifra de US$ 514,156.24 al año.
Y si a esta cantidad sumamos las de gastos y viáticos (US$ 102,147.11) y el rubro “otros” (US$ 67,144.29), tendremos un subtotal de US$ 683,447.64, que se repiten en 2013.
A lo anterior hay que adicionar los costos administrativos de intervención, que son financiados con la misma fuente externa que, para personal permanente, tiene un gasto de US$ 50,876.20, a lo que debe adicionarse US$ 41,646.43 por la administración del proyecto (comunicaciones,útiles de oficina, movilización, servicios bancarios y de alquileres) sumando el año otro subtotal de US$ 795,639.53.
Al parecer, tantos eran los gastos en los dos primeros años del proyecto que para el 2014 solo les quedó US$ 18,000.00, según el informe presentado a APCI.
