Tras una sentencia de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el contrato minero de la explotación.
Panamá ha pedido a la minera canadiense First Quantum Minerals que paralice su mina de cobre Cobre Panamá tras una sentencia de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el contrato minero de la explotación.
El presidente Laurentino Cortizo recurrió a las redes sociales a última hora del martes para anunciar que su Gobierno había iniciado «el proceso de transición para el cierre ordenado y seguro de la mina.»
El fallo del máximo tribunal puso fin a seis semanas de protestas y anuncios oficiales sobre un contrato que otorgaba a First Quantum 20 años de derechos mineros sobre el gigantesco activo de cobre, con opción a prorrogar el acuerdo otros 20 años a cambio de US$ 375 millones de ingresos anuales para la nación centroamericana.
Las impugnaciones contra el contrato se acumularon en los tribunales tras las masivas protestas contra el contrato, que casi paralizaron el país.
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Más detalles
La unidad local de First Quantum, Minera Panamá, dijo en un comunicado el miércoles que está interesada en seguir dialogando con el Gobierno del país.
Advirtió que la decisión del tribunal no toca varios puntos importantes, como la forma en que el gobierno planea evitar la llegada de mineros ilegales o qué va a pasar con las más de 40.000 personas empleadas directa e indirectamente por Cobre Panamá.
Más tarde, los trabajadores se manifestaron en todo el país para pedir al gobierno que proteja sus puestos de trabajo o, al menos, les garantice una indemnización en caso de despido.
La decisión de Panamá tendrá consecuencias para el mercado del cobre, ya que la mina Cobre Panamá representa alrededor del 1,5% de la producción mundial del metal.
También afectará a las arcas del gobierno. La mina representa alrededor del 5% de su PIB y supone el 75% de las exportaciones de bienes de Panamá.
También es probable que dé lugar a un arbitraje internacional. First Quantum envió el domingo a las autoridades panameñas una notificación de intención de iniciar un procedimiento de arbitraje.