La responsabilidad para resolver la totalidad de conflictos recae en 61% de casos hacia el gobierno nacional y 27% en los gobiernos regionales.
A diciembre de 2023, se registraron 215 conflictos sociales en el país, demostrando una ligera disminución (6 conflictos menos) con respecto a la cifra de diciembre de 2022. Así lo indicó el último informe de la Defensoría del Pueblo.
Del total, 118 (55%) llevan más de 36 meses sin resolverse; 47 de los conflictos están en estado latente y 168, activos. De estos últimos, 105 mantienen fase de diálogo, 47 en desescalamiento y 8 en fase temprana.
Al menos, se observa un conflicto social en cada departamento del país, siendo el de mayores conflictos Loreto con 29 casos (13% del total nacional), en segundo lugar Cusco con 18 casos (8% del total nacional), y le siguen Apurímac, Áncash, Piura y Puno.
La responsabilidad para resolver la totalidad de conflictos recae en 61% de casos hacia el gobierno nacional y 27% en los gobiernos regionales.
Tipos de conflicto
El 62% de conflicto es de tipo socioambiental, 8% de asuntos de gobierno nacional y 5% asuntos del gobierno regional.
Observando solo los nuevos conflictos a lo largo del año, que fueron 28 (43% menos que el año anterior), el 36% de ellos son socioambientales, 18% de asuntos del gobierno nacional y 14% relacionados al gobierno local.
Además, los nuevos conflictos relacionados a minería pasaron de 70% a 91% y el promedio de conflictos mensuales en torno a esta área es de 70 casos.
