Así como las actividades relacionadas con la exploración, explotación, beneficio o aprovechamiento de minerales, metales o metaloides.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso modificar el artículo 27 para prohibir la minería a cielo abierto, como parte de una serie de reformas constitucionales presentadas ante el Parlamento, alegando preocupación por el excesivo daño medioambiental.
La propuesta, anunciada a principios de febrero de 2024, plantea prohibir las concesiones mineras a cielo abierto y las actividades relacionadas con la exploración, explotación, beneficio o aprovechamiento de minerales, metales o metaloides por el método de cielo abierto.
«Es evidente que la minería a cielo abierto transgrede los derechos humanos al afectar al derecho a un medio ambiente sano y a una buena salud. Las afectaciones más significativas se manifiestan en las comunidades y pueblos cercanos a las zonas de los proyectos, colocándolos en una situación de vulnerabilidad y desigualdad», señala la propuesta de Obrador.
Las comunidades que sufren escasez de agua también podrían abastecerse con agua que hasta ahora se utilizaba en la minería a cielo abierto, según Obrador.
También puedes leer: AMLO: Sonora tendrá la planta fotovoltaica más grande de América Latina
La minería subterránea, sin embargo, no está contemplada en las propuestas. Entre los productores clave se encuentran Fresnillo, Newmont, Grupo México e Industrias Peñoles.
Política en torno a la minería
Desde que asumió el poder en 2018, la administración de Obrador no ha otorgado ninguna nueva concesión minera a cielo abierto a través de mecanismos de facto, sin el respaldo de ninguna ley específica.
Douglas Coleman, director general del Centro Mexicano de Minería, dijo: «Su política de no otorgar nuevas concesiones mineras ha paralizado la exploración minera en México y ha causado el mayor impacto negativo en la industria. Los efectos de esta decisión se dejarán sentir durante años».
La reciente medida corre el riesgo de perturbar a los inversores, que ya han experimentado un entorno incierto para la inversión después de que los senadores hablaran de reformas que acortaban las concesiones mineras de 50 a 30 años y endurecían los permisos de extracción de agua en mayo de 2023.
