Para la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), las recientes facultades otorgadas al Organismo de Fiscalización y Evaluación Ambiental (OEFA) quiebran el Estado de Derecho al no garantizar el respeto por estos principios constitucionales.
«El Gobierno, mediante la Ley N° 30321, permite al OEFA cobrar coactivamente todas las multas impuestas por dicho organismo, así éstas no tengan fundamento sólido; facultándosele incluso a cobrar multas cuyas ejecuciones se encontraban suspendidas al estar judicializadas, conforme lo disponía la ley vigente. Ello claramente colisiona con lo dispuesto por la ley vigente en dicho momento, vulnerándose los derechos y garantías consagrados en nuestra Constitución», comunicó el gremio empresarial.
Frente a ello, la SNMPE argumentó que los «poderes extraordinarios con efecto retroactivo» otorgados al OEFA, desconocen la doble instancia y el principio constitucional por el que las normas no pueden aplicarse de forma retroactiva, violentando el Estado de Derecho.
«Las empresas minero energéticas nos sometemos, de acuerdo a ley, a la supervisión y fiscalización, así como a pagar el costo que ello demande para el Estado; y, en caso corresponda, a ser sancionadas. Sin embargo, esperamos que ello se realice siempre respetando la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. ¿Así queremos atraer inversiones para acelerar la economía del país?», puntualizó la SNMPE.