El extitular de la SNMPE calificó de «tomadura de pelo» el periodo de 22 años del proceso de formalización minera en el Perú.
Tras la reciente decisión del Ejecutivo de allanarse a la derogatoria del Decreto Legislativo 1607 que contemplaba medidas para frenar el avance del crimen organizado asociado a la minería ilegal, Carlos Gálvez Pinillos, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), remarcó, en entrevista exclusiva con Rumbo Minero, que no tiene ningún sentido lo realizado por parte de las autoridades.
«Lo que ha hecho el Congreso es una barbaridad, no tiene ningún sentido y solo se explica porque hay, en todas las bancadas, congresistas que han sido financiados en sus campañas por estas actividades ilegales y claro hoy le tienen que pagar, eso está muy mal», enfatizó.
Así, «lo que tiene que ocurrir es que se haga un proceso ordenado, no puede ser que haya un proceso de formalización de 22 años, esto es una tomadura de pelo».
Durante la entrevista se recordó que, a decir del constitucionalista Rolando Sousa, la derogatoria está mal planteada porque se está derogando un artículo de un decreto legislativo que, su mismo nombre lo indica, fue en función de delegación de facultades que hizo el Congreso al Ejecutivo y allí se han excedido mediante una acción de control constitucional.
«Estamos dándole carta libre a una actividad ilegal, que no tiene freno y que debemos ser conscientes de que es una actividad muy ligada, sino es la raíz, a los delitos de sicariato, secuestro, trata de personas, de trabajo de niños, de todas esas actividades y además es un instrumento de lavado de dinero para el narcotráfico», remarcó.
Para Gálvez Pinillos, «definitivamente el problema es cerremos o no el Reinfo. El tema es legalicemos. Si es así, se habla de 500 mil mineros informales y si sumamos a sus familias son más de un millón de personas comprometidas en eso porque viven de». Precisó, en ese sentido, que «hay 87 mil Reinfo, de los cuales se han dejado vencer 70 mil y del restante es muy pequeño el porcentaje que ha hecho el genuino esfuerzo de formalizarse».
Promoción de la exploración
Frente a ello, para el extitular del gremio, «el Perú tiene que fomentar la actividad minera, la prospección, el cateo; tiene que fomentar que hagamos nuevos descubrimientos».
«Todos los peruanos tenemos el derecho a hacer ese trabajo y descubrir nuestros recursos naturales. Eso no está negado. Lo que sí está negado es que yo me meta a la sala de tu casa y extraiga tus propiedades y so pretexto de que soy informal con Reinfo yo puedo entrar a tu casa y llevarme tus cosas. Eso no está bien», anotó.
Explicó seguidamente que eso tiene dos caminos. Uno, «si vas a entrar a un lugar que no tiene concesiones, el camino es expedito y el Estado debe apoyarlos para que saquen sus concesiones o derechos mineros. Si estás en el área de otro que tiene concesiones, también el camino está expedito, con los contratos de cesión, que es un alquiler, pagas una regalía por la explotación de esa zona, pero todo eso debe seguir procesos legales».
«Hay no más de 10 plantas de tratamiento que nadie las está mirando y son las que reciben el material de todos estos mineros artesanales y pequeños mineros. Por qué ahí no se está haciendo un control serio y la trazabilidad de los materiales explosivos, los reactivos químicos, y toda la normatividad que debieran seguir los trabajadores que tienen derecho a la vida y protección de su familia. Nada de eso se está haciendo», cuestionó.
Producción ilegal
La cifra que tiene el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) es que la producción ilegal es de 2 millones 350 mil onzas de oro al año. De este modo, «estamos hablando más de 5 mil millones de dólares y que una gran parte se va por Bolivia».
«Creo que el Estado no puede abstraerse, tiene un rol que cumplir, tiene que dar apoyo legal, tenemos graduados en ingeniería de Minas y geología quienes pueden ayudar en sus demarcaciones y trabajos de campo, tenemos quienes les puedan ayudar en temas de seguridad y debemos incorporarlos dándoles facilidades para que el Estado no sea enemigo del minero artesanal o pequeño minero, que se quieren confundir con los ilegales y que nos quieren ganar la batalla», concluyó.
