El gobierno venezolano anunció una posible subida del precio del petróleo por la salida de la empresa Chevron, ordenada por el Gobierno de Donald Trump.
«El nuevo gobierno de Estados Unidos pretendiendo hacer un daño al pueblo venezolano, (se está autoinflingiendo un perjuicio al causar incremento en el precio de los combustibles y afectando la seguridad jurídica de las inversiones de sus empresas en el extranjero», indicó un comunicado de Delcy Rodríguez, vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos.
Venezuela produce de 1 millón de barriles diarios de petróleo, de los cuales unos 200.000 provienen de la operación de Chevron y tenían como destino Estados Unidos.
Por esto, el país sudamericano ha anunciado este martes un plan para su autonomía energética, después de que la Administración de Donald Trump haya decidido suspender la licencia que permitía a la petrolera estadounidense Chevron operar en el país, que deberá terminar sus actividades antes del próximo 3 de abril.
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Lobby venezolano
En el comunicado, las autoridades venezolanas han acusado a la Casa Blanca de haber «sucumbido a la presión de» la oposición y al «lobby del extremismo venezolano» al tomar esta medida.
Estas declaraciones llegan después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos haya informado de que la compañía petrolera solo dispondrá de un mes, a partir de este martes, para cesar sus actividades en ese país.
A finales del mes pasado, el presidente estadounidense anunció la suspensión a partir del 1 de marzo de las concesiones que su predecesor en el cargo, Joe Biden, brindó al petróleo procedente de Venezuela.
Trump defendió esta medida alegando que el presidente venezolano Nicolás Maduro ha incumplido las condiciones electorales, a la par que no ha colaborado en la deportación de vuelta a Venezuela de «los criminales violentos» que había en Estados Unidos.
Biden concedió en noviembre de 2022 una licencia a la petrolera estadounidense Chevron para reanudar la producción de petróleo en Venezuela, levantando de algún modo las sanciones decretadas por Estados Unidos en 2019 y que detuvieron las perforaciones.
