Todos sabemos que la minería aporta al país mediante las divisas que generan la exportación de sus productos y el dinamismo que crea en las economías locales. Pero, en cambio, se conoce poco de su contribución al desarrollo de la infraestructura pública a través del tiempo. A continuación, una breve reseña de este papel que se ha potenciado en años recientes con la implantación en el país de las nuevas modalidades para que las empresas desarrollen obras de servicio público.
Según el Foro Económico Mundial, en este 2017 el Perú se ubica en el puesto 86 en calidad de infraestructura a nivel mundial. Y es que según el modelo de competitividad del Word Economic Forum, nuestro país se ubica en la segunda fase de desarrollo de países: esto es, una economía basada en la eficiencia, lo que depende de un correcto destino de la inversión de recursos y el adecuado uso de los mismos.
Por eso, los expertos aseguran que invertir en acceso y calidad de agua y desagüe, energía eléctrica, así como reducir los costos del transporte a través de mejores carreteras, puertos y aeropuertos, y potenciar las condiciones de la tecnología para la innovación, aportará a mejorar la productividad y competitividad del Perú.
Por el contrario, la consecuencia de carecer de tales facilidades puede desencadenar conflictos en aquellas zonas desatendidas, muchas de ellas con proyectos de índole extractivo.
Uno de esos sectores cercanos a este tipo de problemas es el minero, el cual comprende proyectos que operan en zonas de difícil acceso y pobre capacidad de desarrollo ante la falta de presencia del Estado, por lo que las comunidades y pobladores aledaños ven en la actividad minera la posibilidad de mejorar su calidad de vida.
Ante tal situación, las empresas mineras, a través de los años, han asumido las responsabilidades del Estado y destinado presupuestos para el desarrollo de diversas actividades de impacto social en sus zonas de influencia. Y entre ellas se cuentan las obras de infraestructura, base importante para la viabilidad de sus operaciones y de otras actividades en el interior del país.
Las obras de infraestructura pueden abarcar diversos ámbitos, como el energético (redes de electricidad y centrales de generación), educativo (colegios), de salud (postas médicas o centros de salud), de salubridad (agua potable y alcantarillado) o de transporte (caminos y carreteras). Todas esas obras están destinadas a cubrir la carencia de servicios, por un lado; pero también, por otro, a establecer un vínculo entre las comunidades y la minería con el fin de mejorar –con ese aporte– la percepción pública sobre la industria.
El uso de este mecanismo de aporte concreto de las empresas mineras al desarrollo de la infraestructura del país, generalmente ignorado en la suma de los aportes y el impacto de la minería en la economía nacional, se ha dado no solo de forma sostenida y permanente, sino a través de diversas modalidades en el tiempo.
Así, en un inicio comprendió el desarrollo de proyectos aislados, impulsados independientemente por empresas puntuales del sector en coordinación directa con las comunidades específicas con que estaban relacionadas.
Con el tiempo, sin embargo, tales iniciativas fueron estructuradas y promovidas en forma institucional. Este fue el caso del exitoso esquema del ‘Aporte Voluntario’, iniciativa liderada por el gremio minero –en coordinación directa con las comunidades, a la que se en algunos casos de sumó a autoridades del Estado– que permitió atender las necesidades de infraestructura de las comunidades en diversas zonas del país a través de la ejecución de una larga lista de obras en forma rápida y eficiente.
Este esquema, sin embargo, fue cancelado a mediados de la primera década del 2000 y reemplazado el de ‘Aporte Extraordinario, un sistema basado en la captación directa y centralizada de recursos de las empresas por el Estado para la ejecución de obras.
El nuevo modelo, sin embargo, no solo frenó bruscamente el proceso de ejecución de obras que había impuesto el anterior sino que, como consecuencia, alentó la generación de demandas sociales por ellas a las empresas, las que generaron conflictos que llevaron a postergar –y en algunos a cancelar– el desarrollo de grandes proyectos mineros.
El aprendizaje de esas negativas experiencias impulsó entonces al Estado a la búsqueda de alternativas para revertirlas, las cuales estaban basadas en mecanismos que habían sido generados y aplicados exitosamente en otras latitudes y que comenzaron a ser ejecutados en la administración gubernamental anterior.
Concretamente, hablamos de los sistemas de Obras por Impuestos (OxI) y Asociaciones Público Privadas (APP), esquemas –no exclusivos para la minería y a los que pueden acogerse empresas de todos los sectores productivos en general– que se han convertido en una herramienta eficaz para promover la ejecución de obras de infraestructura en las zonas donde ellas están emplazadas.
OBRAS POR IMPUESTOS (OxI)
Esta herramienta tiene como finalidad agilizar y hacer más eficiente la ejecución de la inversión pública, principalmente en el ámbito local y regional. Como su denominación lo indica, consiste básicamente en canjear obras por obligaciones impositivas.
Con este mecanismo se busca cumplir con dos objetivos: mejorar la eficiencia en el proceso de construcción de obras de servicio público, ya que está demostrado que las obras a cargo de privados se hacen más rápidamente y mejor; y dotar de transparencia al proceso de manejo de los recursos.
En este segundo plano, además, este instrumento contribuye a eliminar el riesgo de corrupción siempre presente en la ejecución de obras a cargo de entes estatales –como lo demuestran los casos que son públicos a la fecha– ya que el manejo del financiamiento se restringe al ámbito privado.
Aun así, cabe destacar que el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) está sujeto al cumplimiento de principios de eficiencia y transparencia, entre otros, establecidos en las normas de presupuesto e inversión pública (SIAF, Invierte.pe y demás legislación relacionada con el gasto público).
Desde su aplicación en el país, en 2009, el esquema de OxI ha crecido sostenidamente. Así, solo en el 2014 se realizaron inversiones por más de S/ 600 millones, y desde esa fecha hasta el 17 de octubre de este año se había logrado comprometer más de S/. 3,388.71 millones en más de 285 proyectos de inversión pública que contribuyen a mejorar la calidad de vida de más de 13 millones de peruanos.
Pero, ¿qué tanta participación han tenido las empresas mineras en esta modalidad de inversión? Pues, según información oficial de ProInversión, las empresas mineras vienen desempeñando un papel relevante.
Y es que al 17 de octubre de este año, Southern Perú y la Compañía Minera Antamina, tienen proyectos bajo este mecanismo por S/ 579.3 y S/ 393.6 millones, respectivamente. Más aún, estas dos compañías mineras ocupan el segundo y tercer lugar del ránking general de empresas inversionistas en esta modalidad, y se ubican solo por debajo del Banco de Crédito del Perú.
Es necesario destacar que Southern Perú fue una de las primeras empresas mineras en acogerse a este mecanismo de inversión. Así, en el 2011 invirtió S/ 170 millones; al año siguiente la cifra disminuyó hasta S/ 21.2 millones; en el 2013 inyectó S/ 119.1; en el 2014 sumó S/ 183 millones en diversas obras.
Por su parte, Antamina ha pasado por inyectar diversas sumas de dinero como S/ 79.1 millones en el 2014; S/ 5.4 millones en el 2015; y, S/ 286.3 millones en el 2016.
Pero en ese ranking también hay otras empresas mineras. Es el caso de Volcan Compañía Minera, con un monto de S/ 125.9 millones desde el 2009 hasta el 17 de octubre de 2017. Cabe mencionar que en el 2013, esta se convirtió en la empresa con el mayor número de proyectos aprobados a nivel nacional.
Así, durante el año en mención, ejecutó 12 proyectos que sumaron alrededor de S/.76.5 millones. Los proyectos culminados más importantes fueron el Mejoramiento de la Gestión de Residuos Sólidos de la Municipalidad de Huariaca y el proyecto de Creación del Intercambio Vial de las Avenidas América, Norte, Nicolás de Piérola y Mansiche, de la ciudad de Trujillo, que se convirtió en el primer intercambio vial en el norte del Perú.
El cuarto lugar de las empresas mineras en la lista lo ocupa Compañía Minera Milpo, con S/ 41.1 millones, seguido por Minera Barrick Misquichilca Perú, con S/ 38.2 millones.
En posiciones siguientes en el ránking figuran, en orden de inversiones, las mineras Minsur, Shougang Hierro Perú, Compañía de Minas Buenaventura, Minera Gold Fields Perú y Minera Poderosa, por citar a algunas.
En este punto es necesario mencionar que la primera Obra por Impuestos de Gold Fields logró incrementar en 100% el comercio de la provincia de Bambamarca, en Cajamarca. Se trata del Mercado Central de la provincia, cuya infraestructura de tres pisos y 2.900 metros cuadrados fue ejecutada en nueve meses. En paralelo, la empresa minera donó también cuatro millones de soles para un programa de nutrición y diez millones adicionales para un proyecto de agua potable en Bambamarca.
Complementariamente, Gold Fields actualmente ejecuta trabajos junto con la Municipalidad Distrital de Hualgayoc para abastecer de agua potable, las 24 horas del día, incluso en épocas de estiaje, a más de 4,000 personas de dicha ciudad. El proyecto ha sido denominado “Justiniano Guevara Chávez” – Dique de Cuadratura, y las obras se realizarán en dos tramos con una inversión de más de S/ 1 millón.
Otro punto importante a señalar es que bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, hasta el 09 de junio de 2017, se adjudicaron 42 proyectos por S/ 367 millones, monto 71% superior que el alcanzado a la misma fecha el año anterior. Los sectores en los que predomina la ejecución, considerando el monto invertido son: Educación (45%), Transporte (28%), Saneamiento (12%), Seguridad (6%), Comercio/Esparcimiento (6%) y otros (3%).
Respecto a las regiones donde las empresas de diversos sectores han destinado un mayor monto de inversiones desde el inicio del mecanismo de OxI hasta el 17 de octubre de este año, el primer lugar lo ocupa Arequipa, seguida de Piura, Ancash, Cusco y Tacna como las principales.
PROYECTOS
Carretera lIabaya-Cambaya-Camilaca
Uno de los casos de inversión ejecutados mediante el mecanismo de OxI fue el de carretera IIabaya-Cambaya-Camilaca, ubicada en la provincia de Jorge Basadre, en Tacna, con la participación de la minera Southern Perú y la Municipalidad Distrital de IIabaya.
Esta obra, ya concluida, beneficia a más de 3,700 personas y fue financiada por Southern Perú a cuenta de su pago de Impuesto a la Renta (IR) por un monto de inversión de S/ 127 millones. Cabe destacar que esta carretera es una de varias obras de infraestructura que Southern Perú ejecuta en el sur (Tacna y Moquegua) bajo esta modalidad.
Por otro lado, actualmente Southern, junto con la Municipalidad Mariscal Nieto, en Moquegua, financiará un estudio de preinversión para la ejecución de obras viales a fin de interconectar a los centros poblados de San Antonio y Chen Chen. Esta elaboración del perfil tendrá un costo de S/ 291,412, el que será asumido íntegramente por la compañía minera, la que escogerá a la empresa que lo desarrollará.
Escuela de policías en La Libertad
A sabiendas que es muy importante la formación de nuevos valores para la Policía Nacional del Perú, las mineras Barrick Misquichilca y Poderosa, junto a otras empresas privadas, financiaron la construcción de una moderna Escuela Técnico Superior de la PNP, en La Libertad, por un monto de S/ 40.44 millones.
La moderna infraestructura fue construida sobre un área de 11 hectáreas en el sector Miramar, Alto Moche, a la altura del km 551.5 de la Panamericana Norte. Allí se formarán a las nuevas promociones de custodios del orden, saliendo por cada promoción un promedio de 400 agentes.
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADAS (APP)
El de la Asociación Público Privada (APP) es un mecanismo que promueve el acuerdo entre una empresa y el Estado para el desarrollo de una obra de servicio público. El esquema, por eso, es flexible y permite establecer diversos tipos de acuerdo para la participación de ambos actores.
Esto se traduce, por ejemplo, en la posibilidad de fijar proporciones variables de inversión de ambos, así como modalidades para la gestión y administración de la obra una vez concluida, entre los que se cuentan los de concesión, operación, gerencia, joint venture u otros permitidos por la ley.
En ese sentido, las APP resultan ser grandes impulsoras del desarrollo de la economía nacional a través de la ejecución de nuevos proyectos.
Al respecto, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Claudia Cooper, anunció recientemente que su sector tiene como objetivo adjudicar proyectos con esta modalidad por el valor de US$ 5,632 millones.
“Lo que queremos es replicar el ritmo de las APP que tuvimos en 2014, pero con unas que no tengan los problemas que tuvieron las de ese año”, declaró Cooper.
Y es que, como se recuerda, este mecanismo fue protagonista de la dura controversia política que trajo consigo el cierre del acuerdo para la concesión del Aeropuerto de Chincheros (Cusco), adjudicado por el gobierno anterior a la empresa Kuntur.
Al margen de ese hecho, el MEF ha destacado este mecanismo de inversión como fundamental para para impulsar el PBI, consolidar la estabilidad macroeconómica y fomentar la competitividad y la formalización.
Sin embargo, por su particular naturaleza, este mecanismo no cuenta –hasta el momento, por lo menos– con la participación activa de empresas mineras.
Por el contrario, y como ya se conoce a la fecha, hay dos proyectos mineros que precisamente serán objeto de concesión mediante esta modalidad de inversión: el Prospecto Huayday Ambara y los Yacimientos Cupríferos de Michiquillay. Cabe anotar que en el caso de este último, el proceso comprende la creación de un fondo social que servirá para el desarrollo de diversos proyectos, entre los cuales se encuentran los de infraestructura (ver recuadro).
De igual forma, hay otros proyectos mineros que están en la lista de próximos a ser concesionados mediante APP: Colca y Jalaoca, los que consisten en el desarrollo de exploraciones mineras que permitan identificar la potencialidad de los yacimientos y determinar la viabilidad económica para su futura explotación.
Además, figura el prospecto minero remanente de Michiquillay, una concesión con un área total de 14,927.95 ha (2 concesiones remanentes del proyecto Michiquillay) y que posee reservas de calizas, en tres formaciones geológicas, estimadas en 4.283 millones de toneladas métricas, pudiéndose incrementar sensiblemente esta cifra con estudios posteriores. La calidad de las calizas es buena, llegando a superar el 97% de CaCO3, con bajo contenido de impurezas principalmente SiO2, Al2O3. Fe2O3, MgO y otros.
Aun así, no se descarta que en el futuro algunas empresas mineras opten por este sistema para desarrollar proyectos de infraestructura pública que, a la vez que sean de uso público, aporten a la eficiencia de sus operaciones.
Según los expertos, en ese caso estarían algunos los proyectos relacionados a puertos, carreteras y redes locales y regionales de electricidad.
Sobre las estadísticas relacionadas con esta modalidad, cifras del MEF señalan que la cartera de licitaciones de este año ha comprendido 16 proyectos por un monto cercano a los US$ 4,700 millones y que el próximo año el Gobierno tiene como meta adjudicar otros por US$ 5,632 millones.
Por su parte, el director de servicios al inversionista de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversion), César Martín Peñaranda, refirió que el Perú captará US$ 18,013 millones hasta principios de 2019 mediante APP.
Peñaranda precisó que la mayor parte de la inversión se enfoca en transportes, seguido de energía y minería.
