MINERÍA. Tía María no es el único proyecto minero que enfrenta el pedido de una población para que la licencia de construcción sea revocada, también le sucede a Coroccohuayco -la ampliación de Antapaccay-, de Glencore, ubicado en Cusco.
“Esta semana estuvimos con el Ministerio de Energía y Minas, y con 13 comunidades, quienes pedían que se anule el Estudio de Impacto Ambiental y la autorización de la licencia de construcción e iniciar un proceso de consulta previa”, expresó el gobernador de la región de Cusco, Jean Paul Benavente.
Como se recuerda, la comunidad exigía una compensación por los proyectos que desarrolla la minera en la zona.En ese sentido, el dirigente considera que es necesario que las empresas mineras no solo participen en los proyectos sociales, sino que se involucren más en las iniciativas, en la que no solo se otorgue dinero a las comunidades, sino que pueden comprometerse con acciones más concretas.
“Es un error darles el dinero (a las comunidades), lo mejor es que el Estado tenga presencia o que las mineras también lo hagan a través de fondos de compensación social que ya se tiene”, afirma.
En el caso de Coroccohuayco, que es la ampliación de la unidad minera Antapaccay, que lleva adelante la suiza Glencore, con una inversión prevista de US$ 590 millones, sostiene que la exigencia de un proceso de consulta previa podría hacer revertir lo ya avanzado.
Así, el gobernador indica que los Fondos de Compensación Social podrían generarse también, a partir de una participación de las comunidades en el accionariado de los proyectos mineros.
