Durante el inicio de juicio en contra de los 15 imputados por la Fiscalía de impulsar las protestas contra el proyecto minero Tía María del 2015, en Arequipa, la Procuraduría del Ministerio del Interior requirió que los procesados paguen 10.2 millones de soles de reparación civil a favor del Estado.
De ese monto, 6 millones de soles representa la inversión en viáticos, transporte, adquisición de implementos para los policías. La Procuraduría también incluyó el gasto que hizo el Estado en reparar las vías dañadas por los disturbios y el perjuicio económico causado porque cerraron las vías y se paralizó el movimiento económico.
Arrancó el proceso
La fiscal María Cabana sustentó ayer su acusación e imputó los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, entorpecimiento de los servicios públicos y disturbios en agravio del Estado; además, tentativa de extorsión a Southern Perú.
Entre los procesados en este caso se encuentran el dirigente antiminero Pepe Julio Gutiérrez Zeballos, los alcaldes Richard Ale Cruz (Deán Valdivia) y Julio Cornejo Reynoso (Cocachacra); y los exburgomaestres José Ramos Carrera y Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos.
La Fiscalía sostiene que los imputados se organizaron para organizar la protesta, recabar fondos para comprar alimentos que entregaban a los manifestantes y dirigir los disturbios.
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