La eventual aprobación del proyecto de ley 4044 sobre poblaciones indígenas en aislamiento (PIACI) afectaría la recaudación de regalías, canon, sobre canon e impuestos que la actividad genera en beneficio de las regiones donde se ubican los mencionados lotes petroleros.
No se han identificado los costos ni sociales del proyecto de ley que en cualquier momento podría aprobarse en el Congreso. Podría poner en riesgo el suministro de gas en el país y la seguridad de las mismas comunidades, según conclusiones del Informe desarrollado por la Asociación de Contribuyentes del Perú.
El informe tiene como finalidad realizar un análisis de la iniciativa legislativa contenida en el
Dictamen, incluyendo una evaluación que pondere los costos y beneficios de la propuesta, a fin
de determinar si los derechos o intereses que se buscan salvaguardar, reportan mayores
beneficios para la sociedad en contraposición a los costos económicos y sociales que se
derivan de ellas.
Consideramos que restringir la presencia del Estado beneficiará la impunidad de la minería
ilegal y deforestación, que hoy son la principal amenaza de los PIACI. Cuidado con perpetuar la
protección a las actividades ilegales. La propuesta no identifica la problemática correcta y
debería enfocarse en solucionar la falta de presencia del Estado en estos territorios. Debido a
este problema, las reservas suelen ser espacio libre para el narcotráfico y la realización de
actividades ilícitas como la minería ilegal, la deforestación y tala ilegal de árboles.
“Sería una señal muy negativa frente a la inversión potencial, nacional e internacional, para el
sector Hidrocarburos, que hoy ya de por sí, se ha venido contrayendo año tras año. Las
autoridades deberían trabajar de la mano con el sector privado. Es una oportunidad para
realizar un mayor análisis con la participación de todos los sectores. El Ministerio de Agricultura
ha advertido riesgos de aprobarse este dictamen. Adicionalmente, las autoridades deberían
trabajar de la mano con el sector privado, quienes podrían brindar mayor información a fin de
evitar que se tomen decisiones muy costosas y/o que puedan generar una mayor problemática
en las zonas.
Adicionalmente, se afectaría directamente actividades económicas formales del sector
Hidrocarburos en el Perú, que fueron permitidas en atención a que cumplían todas las medidas
de cuidado y protección a las PIACI. Es más, muchas veces la iniciativa privada suple el rol del
Estado en estas zonas de varias maneras.
“Probablemente, el mayor peligro que genera este proyecto está en la afectación del lote 88
(Camisea) por su participación en la generación de electricidad. Este lote además es el único
que genera energía a nivel residencial, comercial e industrial a gran escala en el Perú. En el
año 2019, Camisea aportó US$ 389 millones en regalías al Estado” señalaron en el Informe.
Asimismo se explica que la iniciativa legislativa describe diversos problemas pero no conecta ni
explica cómo las soluciones que propone puede resolverlos. Además, la normativa actual ya
regula y protege a las comunidades de los problemas que la iniciativa menciona. ¿Cuál es la
intención de fondo, entonces?
“La propuesta no identifica la problemática correcta y debería enfocarse en solucionar la falta
de presencia del Estado en estos territorios. Debido a este problema, las reservas suelen ser
espacio libre para el narcotráfico y la realización de actividades ilícitas como la minería ilegal, la
deforestación y tala ilegal de árboles” dijeron.
A pesar de que el sector ha experimentado una disminución en términos de inversión y de su
contribución a la producción nacional a lo largo de la década, éste ha significado una fuente de
ingresos importante para las regiones productoras de hidrocarburos líquidos que incluyen a los
Departamentos de Loreto, Ucayali, Piura, Tumbes y la provincia de Puerto Inca en Huánuco,
mientras que en lo que respecta gas natural, la región beneficiada ha sido el Cusco. En los
últimos 10 años las regiones productoras han recibido S/. 26,363 millones por canon gasífero y
por canon y sobre canon petrolero. En el año 2019, se transfirieron 2,098 millones a regiones
productoras por canon gasífero (S/. 1,350 millones) y canon y sobre canon de petróleo (S/. 748
millones) según datos de la SNMPE.
Cabe indicar que desde 1991 hasta el 2018 se ha transferido un total de S/. 14,948 millones de
soles por concepto de canon y sobre canon correspondientes al sector hidrocarburos a nivel
nacional.
Acerca de los PIACI
La Ley PIACI define a los pueblos indígenas en situación de aislamiento como aquellos que no
han desarrollado relaciones sociales sostenidas con los demás integrantes de la sociedad
nacional o que, habiéndolo hecho, han optado por descontinuarlas; mientras que los pueblos
indígenas en situación de contacto inicial, son aquellos que han comenzado un proceso de
interrelación con los demás integrantes de la sociedad nacional, pero no han llegado a conocer
con exactitud los patrones y códigos de relación de la población mayoritaria.
Los PIACI no son reconocidos por el Estado como “comunidades nativas”, pues estas últimas
conocen de cierta forma, cómo funciona la sociedad mayoritaria a nivel social, económico y
cultural, y, asimismo, a menudo se organizan para plantear directamente sus demandas al
Estado, sin necesidad de interlocutores más que sus propios dirigentes.
Los PIACI en el Perú se encuentran en la Amazonía, y algunos de ellos son pueblos
transfronterizos, ubicados en Brasil, Colombia y Ecuador
