El Gobierno, mediante Decreto Supremo N° 018-2020-EM, aprobó el nuevo Reglamento de la Ley General de Electrificación Rural con la finalidad de impulsar un mayor desarrollo de los proyectos que permiten llevar el servicio eléctrico a la población que vive en zonas rurales, aisladas y de frontera, fomentando su uso productivo que incidirá en la mejora de la calidad de vida y situación económica de los ciudadanos.
Cabe resaltar que el reglamento de la Ley General de Electrificación Rural N° 28749, impulsado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), es actualizado después de 13 años y se orienta a cubrir las brechas sociales de acceso a la energía de la población nacional que no cuenta actualmente con el servicio eléctrico.
En sus alcances contempla la promoción de las inversiones en equipamiento para promover el uso productivo en actividades económicas de las zonas rurales, tales como talleres en madera, plantas lecheras, procesadoras de café, pequeña agroindustria, panadería, confecciones, orfebrería, entre otros emprendimientos en las comunidades rurales, a través de un fondo revolvente que será entregado a usuarios rurales previa calificación.
De esta forma, se fomentará un mayor bienestar de las familias y se impulsará actividades que otorguen valor agregado a las materias primas que se producen en las áreas rurales, lo que dará sostenibilidad al servicio eléctrico y generará un positivo impacto económico y social.
El reglamento contempla destinar el 1% de los fondos de electrificación rural para financiar la adquisición de equipos eléctricos que permitan utilizar la electricidad para producir bienes y servicios. El fondo será entregado mediante las empresas eléctricas, y la devolución del mismo se realizará sin intereses a través del recibo de electricidad.
La normativa contempla un régimen especial y simplificado para obtener los derechos eléctricos, lo que reducirá hasta en seis meses el proceso para iniciar la ejecución de la etapa de construcción de las obras eléctricas rurales.
Asimismo, hace posible la construcción de líneas de transmisión para la electrificación rural por medios convencionales, acelerando el cierre de las brechas en electricidad en beneficio de la población ubicada en la zona amazónica del país.
El reglamento también autoriza la transferencia de obras de electrificación rural a las empresas distribuidoras de electricidad dependientes del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) para asegurar la operatividad y sostenibilidad de esa infraestructura que persigue una finalidad social. Asimismo, aprueba la instalación de medidores a miles de usuarios rurales que no cuentan con este dispositivo de medición, con ello se brindará un servicios de mejor calidad y se asegura la ampliación del sistema eléctrico para nuevos usuarios que soliciten el servicio.
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