El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, informó que se creará un fondo que permita estabilizar los recursos de canon, sobrecanon y regalías mineras ante “el vaivén de las cotizaciones internacionales”.
Martos detalló que este mecanismo consistirá en que se establezcan ahorros “cuando las cotizaciones de las materias primas sean altas” y se usen los “recursos [de los fondos] cuando los precios de estas se reduzcan”.
El objetivo del Gobierno, dijo el primer ministro, es abordar “la incertidumbre que enfrentan los gobiernos [subnacionales] sobre cuándo programar y ejecutar sus inversiones” que son financiadas con estos recursos.
La semana pasada, el otrora jefe de la PCM Pedro Cateriano señaló que, en la actualidad, se tienen más de S/13.000 millones por concepto de canon minero a cargo de los gobiernos regionales que no han sido ejecutados. Así lo recordó El Comercio.
Atender lo inmediato
María Chappuis, exdirectora general de Minería del Ministerio de Energía y Minas, explicó que lo que corresponderá es fijar un rango de precios. Los efectos de esta medida, añadió Chappuis, se observarán en el mediano y largo plazo, toda vez que la fijación de los rangos sean correctos.
“Esperemos que no haya politiquería por parte de los gobiernos regionales y locales”, refirió.
A su turno, Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), agregó que deberá conocer el detalle de la norma para estimar su alcance.
Sin embargo, ambos expertos coincidieron en que el foco del Gobierno debería orientarse a un problema puntual inmediato.
“El discurso de la SNMPE es que se trasladó tanto miles de millones de soles, pero no se traducen en obras concretadas. Hay muchas inconclusas”, indicó Chappuis.
“En la última década, las empresas transfirieron casi S/40.000 millones a los gobiernos subnacionales y apenas se alcanzó el 60% de la ejecución”, anotó De la Flor.
La importancia de gastar de forma eficiente estos recursos responde a que su objetivo es cerrar brechas sociales, dotando de infraestructura a las diferentes zonas de influencias, indicó De la Flor.
“Esto, precisamente, es lo que nutre los conflictos sociales”, acotó.
En este sentido, Chappuis subrayó que resultaría más óptimo crear una norma para acelerar las obras que están paradas y potenciar las obras por impuestos.
“Se debe apuntar a normas específicas para solucionar el problema de obras públicas, como tribunales especiales”, remarcó.
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