Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo, dijo que el Gobierno debería simplificar los trámites de autorización para impulsar las inversiones mineras y petroleras. También destacó la necesidad de repensar el mecanismo de transferencias por canon para que asegurar que esos recursos se traduzcan en desarrollo sostenible para la población y evitar conflictos sociales.
“En las inversiones mineras hay dos grandes desafíos. El primero guarda relación con la necesidad de racionalizar la normativa vigente del sector, que lejos de incentivar la inversión, solo la desalienta. Es un problema que viene agobiando al país entero, a los pequeños empresarios que ven muchas veces sus expectativas frustradas por la proliferación de trámites, permisos y autorizaciones que resultan asfixiantes”, indicó a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Agregó que el segundo desafío tiene que ver con la confilictividad. “Hay un crecimiento desmedido de la conflictividad alentada por las brechas sociales que no se cierran a pesar de las ingentes cantidades de recursos por canon, estamos hablando de casi 40,000 millones de soles, que se han transferido a los gobiernos subnacionales en la última década y sin embargo no sean traducido en proyectos para mejorar las condiciones de vida de la población en las zonas de influencias mineras. Entonces, eso pasa por repensar también el mecanismo del canon para asegurar que esos recursos se traduzcan en desarrollo sostenible para la población”, dijo.
Enfatizó que necesitamos crear un entorno facilitador de la inversión en estos momentos. “Tenemos prácticamente una inversión nula en exploración petrolera. Eso requiere repensar las reglas de juego, tenemos un régimen de regalías, que lamentablemente lejos de incentivar, desincentiva la inversión. Eso hay que rediseñarlo, hay una serie de propuestas que se han discutido con Perupetro, están a la espera de tener el alineamiento con el Ministerio de Economía y Finanzas, pero se trata de una medida inmediata que deberíamos de implementar de manera acelerada”, manifestó.
“Ahora tenemos un contexto inédito en la historia de Loreto, con producción hidrocarburífera cero, no hay ningún lote produciendo y esto se va a traducir evidentemente en menores recursos para el gobierno regional y eso va a exacerbar la crisis. El caldo de cultivo que alimenta la conflictividad tiene que ver con la persistencia de estos enormes déficits en materia de acceso a los servicios básicos elementales que entrañan compromisos que el Estado ha ido asumiendo a lo largo de los últimos años sin mostrar resultado alguno”, comentó.
Señaló que solo un puñado de cuencas hidrocarburíferas han sido exploradas. “Perú es un país que ha sido bendecido con una riqueza y gran diversidad de recursos naturales, pero la gran responsabilidad que tenemos los peruanos hoy día es transformar esa riqueza de nuestro subsuelo en petróleo, gas y desarrollo sostenible para nuestras comunidades. Esa es una ventana de oportunidades que no va a estar abierta mucho tiempo. Hay una transición energética en el mundo y corremos el riesgo de no aprovechar estas oportunidades y no poder hacerlo más adelante cuando esa ventana se cierre”, advirtió.
Remarcó además la necesidad de estar alertas y atentos a las iniciativas del Congreso, porque “lamentablemente tienen un clarísimo puño populista, que, privilegiando la cosecha de aplausos a corto plazo, terminan comprometiendo la sostenibilidad y viabilidad de industrias tan importantes como la hidrocarburífera”. Hay que estar alertas para evitar que algunas de estas iniciativas puedan hacer daño a las inversiones, apuntó.
Plan de cierre de brechas
Respecto al plan de cierre de brechas en la Amazonía, De la Flor consideró que se trata de un hito muy importante. “Esta es una iniciativa que fue lanzada en su momento por el premier Salvador del Solar, el premier Zeballos retomó este proyecto, se convocó a un grupo de trabajo, con el concurso de PNUD, en función de la cual fue posible identificar las necesidades puntuales de la Amazonía y se articuló un plan de trabajo que contempla una serie de iniciativas destinadas al cierre de brechas en servicio de agua, postas médicas, colegios y electrificación”, dijo.
“Es un plan que podría demandar una inversión que esta por el orden de 4,000 a 6,000 millones de soles. Ahora el reto es como pasamos del dicho al hecho, como logramos que esta iniciativa se traduzca en proyectos concretos y que el Estado, que no se caracteriza por su celeridad y eficacia, en este caso pueda entregarnos los resultados que todos deseamos. Ese es el gran desafío que tenemos entre nosotros, como ejecutar este ambicioso programa de inversiones que beneficiará a una población con la que el Perú tiene una enorme deuda”, precisó.
Explicó que el plan contempla básicamente la articulación de 32 esfuerzos distintos para 32 macrocomunidades, a partir de las cuales se va a impulsar el proyecto. “Han sido articuladas en consideración a su proximidad geográfica y a sus necesidades. El Estado está inyectando estos recursos, para la ejecución de distintos proyectos vía obra pública y las empresas se van a sumar alineando sus iniciativas de responsabilidad social de tal forman que contribuyan a ir resolviendo estas brechas sociales”, expresó.
Subrayó que el principal liderazgo lo va a desempeñar el Estado a través de este esquema de obras públicas, que se van a ejecutar desde los distintos ministerios, desde el gobierno regional de Loreto, desde los gobiernos provinciales y distritales.
Consideró que el aumento en los dos últimos dos años de una escalada de conflictividad ha desembocado en una situación absurda por lo extrema e inédita. “Hoy no hay producción petrolera en Loreto, se suspendió hace un mes, producto no solo de la suspensión de actividades por el COVID, sino además del intento frustrado de toma del Lote 95 y de la Estación 5 del Oleoducto. Eso ha llevado a las empresas, al propio Petroperú, a suspender sus operaciones”, recalcó.
Aseveró que la actuación de estos grupos radicalizados, que responden a intereses políticos, no hace sino entrar en franca colisión con los intereses de la población. La situación económica de Loreto es catastrófica, la caída de la transferencia del canon va a generar enormes falencias y va afectar el bienestar de la región, dijo.
