Impulsar un marco regulatorio promotor de la inversión, eliminar las trabas burocráticas y reducir la conflictividad social, constituyen los principales retos que debe enfrentar el gobierno para revertir la grave crisis que sufre la industria de hidrocarburos en el Perú.
Así lo afirmó Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), al señalar que el sector está al borde del colapso, como resultado de la caída del precio del petróleo, la pandemia y la persistente conflictividad que viene golpeando al circuito petrolero de la selva norte.
“Con un monto acumulado en los ocho primeros meses del año de apenas US$200 millones, la inversión ha caído a la mitad de los niveles que se alcanzaron en ese mismo periodo del 2019, y las actividades exploratorias han quedado prácticamente suspendidas. Además, desde hace más de cinco meses no se registra la perforación de nuevos pozos petroleros”, comentó.
“Se requiere adoptar medidas inmediatas y urgentes para impulsar la reactivación de la industria y recuperar la producción de petróleo y gas. De lo contrario, no será posible asegurar la supervivencia del sector ni garantizar la cadena de pagos; y menos impulsar la recuperación de las regalías, canon y sobrecanon que reciben el gobierno central y las regiones”, indicó.
De la Flor -recalcó- la necesidad de que el gobierno apruebe las modificaciones al reglamento de regalías para el sector hidrocarburos, tema que ya ha sido consensuado con PeruPetro.
Conflictividad
De otro lado, denunció que continúan las acciones de hostigamiento, ataques y la ocupación ilegal de estaciones petroleras en la región Loreto, lo que hace imposible la continuidad de las operaciones por falta de garantías y seguridad. Esta situación ha provocado la paralización de la casi totalidad de la producción de hidrocarburos en la Amazonía.
El representante de la SNMPE dijo que desde hace casi 2 meses la estación 5 y la estación Morona de Petroperú, permanecen tomadas por manifestantes que han cortado la producción y obligado a la petrolera estatal a paralizar las operaciones del Oleoducto Norperuano (ONP), sin que hasta la fecha las autoridades competentes hayan actuado para recuperar las instalaciones.
“Las medidas de fuerza no permiten la operación del ONP, ocasionando la parálisis de todo el encadenamiento productivo del sector hidrocarburos en esa parte del país y la pérdida de puestos de trabajo e ingresos por concepto de canon, sobrecanon y regalías para las regiones productoras”, explicó.
Asimismo, alertó que se vienen produciendo constantes amenazas y acciones intimidatorias por parte de grupos que pretenden tomar las instalaciones de los Lotes 95 y 192.
“Actualmente gracias a que el Lote 95 se encuentra operando, se ha incrementado la producción nacional de petróleo a 38,000 barriles por día, cuando los cinco meses previos estábamos bordeando tan sólo los 30,000 barriles por día. Es importante salvaguardar la continuidad de las operaciones de este lote, pues de ser ocupado violentamente, se asestaría un duro golpe a la producción hidrocarburífera del Perú”, subrayó.
De la Flor aclaró que conflictividad que se vive en el circuito petrolero se ha suscitado porque algunas comunidades le reclaman al Estado la atención de demandas sociales vinculadas a servicios públicos básicos que no tiene relación alguna con la actuación de las empresas.
En ese sentido, destacó la aprobación por parte del gobierno del Plan de Cierre de Brechas, con una inversión superior a los 5 mil millones de soles en beneficio de los habitantes de 25 distritos de las provincias del Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y Maynas.
“Nos preocupa la actitud beligerante de algunos representantes locales que, lejos de sumarse a esta iniciativa gubernamental para mejorar la calidad de vida de las comunidades, la desconocen con medidas que vulneran el orden público y socavan paz social”, sostuvo el representante de la SNMPE.
Finalmente, invocó a deponer las medidas de fuerza y fortalecer los espacios de diálogo entre las comunidades y autoridades del Gobierno, a fin de llegar acuerdos que contribuyan al desarrollo de la Amazonía y del país.
