El Partido Verde de Brasil ha impugnado las normas que permiten a las autoridades municipales conceder licencias para la explotación de oro de hasta 500 hectáreas.
El estado brasileño de Pará, que será sede de las conversaciones mundiales sobre el clima COP30 el próximo año en la Amazonia, está defendiendo regulaciones locales que incentivan la minería de oro ilegal, según documentos del caso ante la Corte Suprema vistos por Reuters.
El Partido Verde de Brasil ha impugnado las normas que permiten a las autoridades municipales conceder licencias para la explotación de oro de hasta 500 hectáreas. El Partido Verde sostiene que las normas fomentan la minería ilegal en el estado donde se produce la mayor parte del oro ilegal.
El gobierno federal, a través del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ibama), su procurador general de la República y el fiscal general del país respaldan la acción que pide la abolición de las normas mineras de Pará.
Un informe forense de la Policía Federal que se agregó al caso indicó que los mineros clandestinos utilizan productos químicos que están envenenando ríos que son vitales para las comunidades indígenas. Por ejemplo, se utiliza mercurio para separar el oro del mineral y cianuro para extraer el oro.
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El gobierno estatal dijo que las regulaciones han estado en vigor durante una década y son anteriores a la administración del gobernador Helder Barbalho, que dijo a Reuters en mayo que estaba estudiando una revisión de las reglas.
El gobierno de Pará se opone actualmente a la demanda en la Corte Suprema. Reuters no respondió a una solicitud de comentarios.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió que la COP30 se celebre en Belém, la capital del estado de Pará, en la desembocadura del río Amazonas, para mostrar sus esfuerzos por detener la deforestación de la selva tropical, que actúa como uno de los mayores sumideros de carbono del mundo para frenar el calentamiento global. También se ha comprometido a poner fin a la minería ilegal de oro, gran parte de la cual se lleva a cabo en tierras indígenas protegidas.
El informe policial dijo que las muestras de agua recolectadas por los inspectores mostraron que la contaminación por mercurio en el río Tapajos estaba “por encima de los límites tolerables” en áreas habitadas por el pueblo indígena Munduruku y las comunidades ribereñas.
