Hay 23 grandes proyectos de recursos naturales e infraestructuras que están siendo evaluados actualmente.
El Gobierno canadiense publicó unas orientaciones provisionales sobre la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental (IAA), tras el reciente dictamen del Tribunal Supremo que declaró inconstitucionales los aspectos fundamentales de la legislación federal.
El Tribunal dictaminó que la IAA es demasiado amplia a la hora de designar los grandes proyectos que deben someterse a una evaluación ambiental federal.
Hay 23 grandes proyectos de recursos naturales e infraestructuras que están siendo evaluados actualmente.
Objetivos
Las orientaciones provisionales, anunciadas por el Ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático, Steven Guilbeault, pretenden aportar claridad a los inversores y las empresas y garantizar que los proyectos actualmente en proceso de evaluación sigan un camino ordenado y claro.
Guilbeault declaró en rueda de prensa que el Gobierno no derogará la legislación, como han exigido algunos diputados conservadores, sino que introducirá cambios para adaptar la ley a la sentencia del tribunal, informó CBC News.
Según las directrices, la Agencia de Evaluación de Impacto de Canadá estudiará todos los proyectos actualmente en evaluación y emitirá un dictamen sobre si afectan a zonas de jurisdicción federal.
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La consulta con los pueblos indígenas continuará a través de los procesos de evaluación existentes, ya que están relacionados con un área clara de responsabilidad jurisdiccional federal.
Las facultades discrecionales del Ministro de Medio Ambiente para designar proyectos quedarán en suspenso, mientras que el examen de cualquier nueva solicitud de designación no se reanudará hasta que entre en vigor la legislación modificada.
«La opinión del Tribunal Supremo de Canadá sobre la evaluación de impacto significa que ahora tenemos claridad para ajustar mejor la IAA a los ámbitos de competencia federal, sin dejar de proteger el medio ambiente», declaró Guilbeault.
Precedentes
La IAA, anteriormente Proyecto de Ley C-69, entró en vigor en agosto de 2019, derogando y sustituyendo a la Ley de Evaluación Ambiental de Canadá de 2012.
El gobierno de Trudeau argumenta que los requisitos más estrictos de la IAA hacen que los proyectos tengan más probabilidades de sobrevivir a los desafíos judiciales, aumentando así la certidumbre para las empresas y los inversores.
El gobierno de Alberta se opone a la IAA, y la primera ministra Danielle Smith ha declarado que la legislación es responsable de la pérdida de «decenas de miles de millones en inversiones, así como de miles de puestos de trabajo en muchas provincias y sectores económicos».
En septiembre de 2019, el Gobierno de Alberta pidió al Tribunal de Apelación de Alberta que emitiera una opinión consultiva sobre si la IAA se salía de la autoridad legislativa federal.
En mayo de 2022, el Tribunal de Apelación de Alberta opinó que la IAA era inconstitucional en su totalidad. La cuestión se remitió al Tribunal Supremo de Canadá.
