Esto se produjo después de que el asesor legal de la compañía afirmara en una carta de respuesta que el gobierno carece de autoridad para obligarla a asistir a la reunión.
El gobierno de Yukón (Canadá) podría declarar en desacato a PricewaterhouseCoopers (PwC), el receptor de Victoria Gold y su antigua mina Eagle afectada por el desastre, si sus representantes no comparecen a responder preguntas.
En un tenso intercambio de cartas esta semana, el presidente de la Asamblea Legislativa de Yukón, Jeremy Harper, instó al vicepresidente sénior de PwC y a otro representante a asistir a una reunión del comité plenario para prestar testimonio.
Durante un debate en la asamblea el viernes, se presentó una moción de desacato, según informó Canadian Press. Esto se produjo después de que el asesor legal de la compañía afirmara en una carta de respuesta que el gobierno carece de autoridad para obligarla a asistir a la reunión.
En respuesta a la afirmación del gobierno de que la vicepresidenta senior Michelle Grant podría ser “sancionada” si no asiste, el abogado Peter Ruby de Goodmans LLP dijo que es una amenaza que PwC debe tomar en serio.
“Le pedimos que por favor proporcione rápidamente la autoridad convincente en la que se basa para que pueda ser considerada adecuadamente”, escribió.
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Este tira y afloja se produce casi un año después de que una falla en la plataforma de lixiviación en pilas del yacimiento de Eagle, en junio pasado, provocara un deslizamiento de tierra. El accidente liberó millones de toneladas de material y al menos 280.000 metros cúbicos de solución con cianuro salieron del contenimiento de la plataforma, según estimaciones del gobierno. Unas seis semanas después, Victoria fue puesta bajo administración judicial de PwC por orden judicial, tras el descontento del gobierno de Yukón con las labores de limpieza de la empresa.
Moción de desacato
El debate sobre la moción de desacato se aplazó hasta el lunes y se espera que la comparecencia de PwC ante la asamblea sea el martes, informó CP .
Sin embargo, PwC sostiene que sólo asistiría a la asamblea para brindar testimonio si así lo ordenara un tribunal, dijo Ruby. No estaba claro si se había dictado tal orden y los sitios web de Goodmans y PwC no ofrecían información al respecto.
PwC también tiene la intención de pedir a un tribunal que la “amenaza de sanciones” hecha en la carta de Harper del miércoles se suspenda según los términos de la orden de administración judicial, añadió Ruby. The Northern Miner ha solicitado comentarios de Harper y Goodmans.
