Dado el interés del Gobierno chileno en orientar su industria hacia una extracción de litio más sostenible, la participación estatal podría convertirse en un facilitador en lugar de un lastre para diversas empresas.
Reuters.- La decisión de Chile de aumentar el control estatal sobre su industria del litio ha conmocionado al sector de los metales para nuevas energías.
Los dos grandes productores de litio del país, SQM y Albemarle, han visto caer el precio de sus acciones por la perspectiva de tener que renunciar al control mayoritario de sus operaciones o arriesgarse a perder sus licencias una vez que expiren en 2030 y 2043, respectivamente.
Las acciones de empresas como Pilbara Minerals, el mayor productor de litio de Australia, han subido por el supuesto de que habrá una inversión y un crecimiento de proyectos más lentos en Chile, que alberga los depósitos de metal de batería más grandes del mundo.
Chile ha estado aquí antes.
El país nacionalizó su sector de cobre en 1971, lo que provocó la indignación internacional, particularmente en Estados Unidos.
La «nacionalización» del litio del presidente Gabriel Boric es una versión más benigna del anterior modelo para el cobre.
Además, Chile está lejos de ser el único país que busca canalizar el auge de los metales de nuevas energías.
MODELO DE COBRE – BUENO Y MALO
Si la política del litio del presidente Boric es un eco de la política del cobre del pasado, la comparación es con el programa de «chilenización» del gobierno de Eduardo Frei Montalva a fines de la década de 1960.
Frei se embarcó en una nacionalización progresiva, comprando participaciones del 51% en proyectos y minas de cobre existentes y consolidándolas en la Oficina del Cobre, rebautizada en 1976 como Corporación Nacional de Cobre (Codelco).
Todas las empresas estadounidenses que entonces controlaban la producción de cobre de Chile negociaron una reducción de sus participaciones. Kennecott Copper abrió el camino, vendiendo en 1967 una participación del 51% en la mina El Teniente y las ganancias se reinvirtieron en un programa de expansión.
El acto de equilibrio entre el Estado y el sector privado de se vio alterado en 1971 cuando el presidente Salvador Allende ganó las elecciones chilenas con la plataforma de acelerar el proceso.
La dura nacionalización que siguió hizo que las empresas de cobre estadounidenses fueran despojadas de sus acciones por una compensación mínima, después de que el Gobierno compensó el valor contable con el «exceso de ganancias» anterior.
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Hubo retrocesos legales, incluidas incautaciones judiciales de cargamentos físicos de cobre, y retrocesos económicos y políticos en Estados Unidos.
El aseguramiento del cobre de Chile fue parte de una tendencia más amplia de países en desarrollo que toman el control estatal de sus riquezas minerales. Zambia, el segundo mayor productor de cobre del mundo en ese momento, hizo exactamente lo mismo tres años después, en 1974.
JUEGO DE LITIO
Codelco sigue siendo propiedad del Gobierno chileno y ahora es el mayor productor de cobre del mundo.
Incluso los neoliberales del régimen de Augusto Pinochet mantuvieron la joya nacional al abrir el resto del sector del cobre del país al sector privado.
De hecho, fue sólo en 2019 que Chile revocó formalmente la ley que exigía que el 10% de las ventas de exportación de Codelco se destinen al Ejército, aunque los tecnócratas habían reemplazado a los generales en el directorio de la empresa.
Ahora es Codelco la encargada de tomar el control del sector del litio en el país.
No hay necesidad de expropiación ya que el estado chileno es dueño de las reservas del país. Más bien, habrá una «nacionalización negociada» similar a la de la industria del cobre en la década de 1960.
Las conversaciones con SQM comenzarán casi de inmediato, según el ministro de Economía, Nicolás Grau. SQM dijo que necesita 2.000 millones de dólares más para cumplir con los objetivos de sostenibilidad del nuevo plan de litio, un eco del acuerdo de venta por inversión de cobre de Kennecott de 1967.
Otros, en particular los operadores más pequeños en la etapa de exploración, pueden aceptar la perspectiva de apoyo estatal.
CleanTech Lithium, que trabaja en extracción directa en lugar de evaporación de salmuera en Chile, señaló que la nueva política era de «asociación en lugar de nacionalización» y «puede ofrecer el potencial de nuevas oportunidades».
Dado el interés del Gobierno chileno en orientar su industria hacia una extracción de litio más sostenible, la participación estatal podría convertirse en un facilitador en lugar de un lastre para dichas empresas.
Todo, por supuesto, depende de cómo se ejecute la política.
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Chile no es el único que busca afirmar el control de sus recursos minerales mientras el mundo se prepara para una nueva era de los metales.
México nacionalizó sus depósitos de litio el año pasado y en febrero de este año entregó la responsabilidad de desarrollarlos a la Secretaría de Energía del país.
Zimbabue ha prohibido la exportación de litio sin procesar, citando la necesidad de restringir la minería artesanal ilegal.
El brillante ejemplo para los demás es Indonesia, que ha usado controles de exportación para forzar a sus mineras de níquel.
Las exportaciones de mineral se prohibieron a partir de 2020, lo que llevó a los operadores a construir las primeras fundiciones de arrabio de níquel y, más recientemente, plantas de procesamiento capaces de producir níquel procesado para baterías.
El año pasado, la Unión Europea ganó un panel de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que dictaminó que la prohibición de exportaciones de Indonesia era una violación de las reglas comerciales de la OMC.
Indonesia ha seguido adelante de todos modos y ahora cuenta con el sector de producción de níquel más grande del mundo, que está aprovechando rápidamente para convertirse en un centro mundial de materiales para baterías.
Romper las reglas del libre mercado ha demostrado ser un gran acelerador para Indonesia, lo que demuestra que la intervención estatal no siempre tiene el precio de un avance industrial más lento.
No son solo los países productores los que están usando la fuerza del Gobierno para dar forma a las cadenas de suministro de metales.
Tal es la lucha por todo tipo de minerales críticos que los Gobiernos de los países consumidores también están interviniendo.
El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón subvencionará la mitad del costo de los proyectos de desarrollo de minería y fundición de minerales importantes, incluido el litio, por parte de firmas japonesas, según Nikkei Asia.
La Unión Europea busca activamente lo que denomina «asociaciones mutuamente beneficiosas» con productores emergentes como parte de su política de materias primas críticas.
Estados Unidos, desesperado por reducir su dependencia de China, está inyectando dinero en su sector de minería y metales y tampoco ha rehuido la participación estatal.
El Departamento de Defensa estadounidense es inversionista directo en las instalaciones de procesamiento de tierras raras ligeras y pesadas que se están construyendo en asociación con la australiana Mynas Corp.
Chile no es un caso atípico cuando se trata de la nueva era de los metales energéticos, es parte de un creciente club de países.
