La instancia dio luz verde a un paquete de 19 medidas que sumarían una inversión de US$ 67 mil millones.
El Primer Tribunal Ambiental aprobó un acuerdo de conciliación entre el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la comunidad indígena atacameña de Peine, el Consejo de Pueblos Atacameños y Minera Escondida, con un paquete integrado de 19 medidas de gestión, compensación y reparación por US$67 mil millones aproximadamente.
El acuerdo se logró en el marco de la demanda de reparación por daño ambiental en el Salar de Punta Negra interpuesta en contra de la minera.
El CDE estableció, en la demanda, que el daño ambiental se funda en los siguientes siete aspectos: disminución severa de los niveles del acuífero del salar, el deterioro de sustrato marino, la pérdida total o parcial de bofedales o su vegetación, la pérdida del ecosistema particular del salar, la modificación o pérdida del hábitat que afecta la fauna, la pérdida de servicios ecosistémicos y la pérdida de biodiversidad.
Los aspectos que más destacan en la conciliación son «la Mesa de Gobernanza Socioambiental de la Subcuenca del Salar de Punta Negra y sectores aledaños» y la elaboración y validación de un Plan de Manejo que llevará adelante la minera para contribuir a la recuperación de natural del acuífero del Salar de Punta Negra.
Sobre el plan de manejo, tendrá una vigencia indefinida con una revisión periódico cada cinco años y comprende todas las medidas que se ejecutarán desde la fase uno, incluida la instalación y funcionamiento de la mesa de gobernanza.
El plan también comprenderá un mecanismo de seguimiento ambiental, que tiene como objetivo asegurar que las variables ambientales relevantes que fueron objeto de este instrumento para la restauración del medio ambiente evolucionen según lo proyectado.
El Tribunal aseguró que el monto total del acuerdo es de US$ 81 192 184, pudiendo superar los US$ 93 millones de ser necesario.
