Con un financiamiento calculado entre 2.500 y 2.800 millones de pesos anuales cuando entre en funciones.
En línea con el proceso de implementación de la Estrategia Nacional del Litio, las ministras de Ciencia de Chile, Aisén Etcheverry, de Minería, Aurora Williams, de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, firmaron los estatutos para la constitución del Instituto Nacional de Litio y Salares.
Con sedes en las regiones de Antofagasta y Atacama, y un financiamiento que se calcula entre 2.500 y 2.800 millones de pesos anuales cuando entre en régimen, su función será generar, aplicar y compartir conocimientos, tecnología e información, para contribuir al desarrollo sostenible de la cadena de valor de la industria del litio y a la gestión sostenible del valor económico, ambiental y social de los salares de Chile.
La iniciativa, que fue liderada por la cartera de Ciencia, tendrá en su primer directorio a las autoridades firmantes, además de representantes de los gobiernos regionales de Atacama, de Antofagasta y de los pueblos o etnias indígenas que ancestralmente, por su cultura, se han vinculado a los salares y sus ecosistemas.
Sus líneas básicas de investigación serán cuatro: estudio de salares, investigación en tecnología, divulgación ciudadana y trabajo con comunidades. Esta última se dedicará a la investigación sobre
“Cuando asumimos el gobierno, el Presidente Gabriel Boric dijo con claridad que queremos más crecimiento, pero con un respeto irrestricto por el medio ambiente y por las comunidades. Esa es la visión que encarna este nuevo instituto, porque permitirá que tanto la extracción del mineral, como la protección de los salares y el efecto que ello tiene sobre las comunidades, no solo sean consideradas, sino estudiadas de forma permanente”, destacó la ministra de Ciencia de Chile, Aisén Etcheverry.
Por su parte, la ministra de Minería de Chile, Aurora Williams, afirmó: “Hoy estamos concretando un hito más dentro de la Estrategia Nacional de Litio mandatada por el Presidente Gabriel Boric. En esta mirada amplia, en construir una industria productiva en pleno equilibrio, tanto en temas de resguardo ambiental como también de preocuparnos hoy de las futuras generaciones con investigación en los lugares en donde está presente el litio y, en el caso nuestro, hacernos cargo de lo que significa la exploración y la explotación”.
Funcionamiento del Instituto
El antecedente directo de este nuevo instituto es el concurso Anillos de Investigación Temáticos en Litio y Salares (ANID, 2023) cuyas líneas de trabajo fueron definidas por un grupo multidisciplinario de expertos en base a las principales brechas de investigación que se han podido detectar en materia de litio y salares.
Durante el 2024 se trabajará para establecer una línea presupuestaria el 2025 para asegurar el financiamiento continuo inicial necesario para su funcionamiento administrativo e infraestructura. Además, para financiar los gastos asociados a proyectos específicos, la Mesa Técnica del Litio ha propuesto destinar entre 20 y 25 millones de dólares provenientes de los contratos de litio para este fin. Adicionalmente, este ITIP será dueño de los resultados que se obtengan de la ejecución de US$ 6,3 millones provenientes de proyectos de I+D de ANID, que se adjudicarán a fines de junio de 2024.
En la misma línea, el Instituto será el repositorio de los resultados de proyectos Corfo por US$ 15 millones de recursos I+D del contrato de litio, concursados para desarrollar proyectos en hidrogeología y extracción directa de litio, que se transferirán al Instituto una vez esté en régimen. El Instituto también debiera explorar otras fuentes de financiamiento, que incluyen apoyo regional para proyectos de infraestructuras, participación en concursos públicos de I+D, y aportes de privados.
Las dos sedes de este ITIP, en Antofagasta y Copiapó, tendrán un personal estimado de forma preliminar de 43 personas entre investigadores, técnicos y administrativos para el quinto año de operación. Se estima que, a partir del séptimo año en adelante, el financiamiento requerido para el régimen será de CLP$2.800 millones anuales (pesos chilenos).
