Es la última concesión a medida que el proyecto de ley pasa a votación por el Senado a finales de esta semana.
El gobierno de Chile llegó a un acuerdo con los legisladores de la oposición sobre el principal punto de conflicto en una propuesta para aumentar los impuestos a las mineras de cobre en la nación con mayor producción.
En busca de una victoria luego de una serie de derrotas electorales y legislativas, el gobierno acordó enmendar su llamado proyecto de ley de regalías mineras para limitar la tasa impositiva máxima efectiva al 46,5% de la utilidad operativa desde el 47% anterior. Es la última concesión a medida que el proyecto de ley pasa a través de un comité de finanzas antes de una votación en el pleno del Senado a finales de esta semana.
El ministro de Finanzas, Mario Marcel, está tratando de aumentar la participación del gobierno en las ganancias del cobre para financiar un mayor gasto social, sin socavar la competitividad de la nación como destino de inversión. Están en juego decenas de miles de millones de dólares en proyectos necesarios para ayudar a satisfacer la creciente demanda de metal para cableado en la transición de energía limpia.
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Análisis del proyecto de ley
El límite superior levemente más bajo reduciría la tasa impositiva efectiva promedio para los grandes productores a alrededor del 45%, según Juan Carlos Guajardo , quien dirige la consultora Plusmining. Los principales competidores de Chile tienen una carga tributaria del 41% al 44%.
“Chile no estaría en la mejor parte de la tabla de competitividad con esto”, dijo Guajardo. “Pero al final la competitividad es el resultado de otros factores y si Chile se arregla en temas como la situación política y los permisos, seguirá siendo un destino de inversión”.
El lunes, los senadores del comité de finanzas aprobaron una sección del proyecto de ley que introduciría un impuesto ad valorem del 1%. El comité continuará votando artículo por artículo el martes.
Durante el fin de semana, los grupos de oposición obtuvieron más de la mayoría de las tres quintas partes necesaria para aprobar artículos a voluntad en un consejo encargado de redactar una nueva constitución en un golpe al gobierno del presidente Gabriel Boric. Eso siguió a las derrotas de una reescritura constitucional anterior respaldada por Boric y una amplia propuesta de reforma fiscal.