Según el Consejo Minero, la regalía lleva a una carga tributaria promedio del 44,7%, mientras el rango de otros competidores -como Australia y Perú- está entre 38 y 44%.
Reuters.- Las mineras privadas de cobre en Chile demandan por recortes en los costos de energía, aprobaciones más rápidas de permisos y otros incentivos para compensar el peso de una nueva regalía y evitar una disminución en la inversión.
Algunos ejecutivos de la industria reconocieron a Reuters que la regalía aprobada es mucho más favorable que la versión original del proyecto, lo que permitirá concretar sin mayores obstáculos varias de las grandes iniciativas que están en carpeta.
Sin embargo, algunos todavía son escépticos si el país logrará avanzar en la ambiciosa agenda de 70.000 millones de dólares de inversiones públicas y privadas, si no existen estímulos adicionales.
Según el Consejo Minero -que agrupa a las grandes firmas privadas-, la regalía lleva a una carga tributaria promedio del 44,7%, mientras el rango de otros competidores -como Australia y Perú- está entre 38 y 44%.
«Entendiendo que el royalty es una discusión zanjada, lo que esperamos es que esta desventaja competitiva sea de algún modo compensada con otras acciones de política pública que permitan incentivar la inversión», comentó a Reuters el jefe de estudios del gremio, José Tomás Morel.
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Agilizar el trámite de permisos y compensar que el país tiene un elevado costo de energía para la minería, son algunas de las principales necesidades, dijo el ejecutivo, quien además llamó a resolver los choques que ocurren con la normativa ambiental e indígena.
La industria minera es responsable de un 15% del consumo total de energía del país y representa alrededor del 11% de sus costos totales, según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).
Además, los proyectos necesitan cientos de permisos que pueden demorarse meses cada uno, por eso el gobierno prometió impulsar un proyecto de ley este año para agilizar en parte la carga.
El gobierno del presidente Gabriel Boric ha dicho que buscará entregar incentivos para la inversión en medio de su intento por reimpulsar una amplia reforma tributaria que fue rechazada en marzo por el Congreso.
«Los (proyectos) que no se hagan va a llegar un momento en que van a negociar con el gobierno y decir ‘hago este proyecto pero necesito otra garantía'», dijo un alto ejecutivo minero, que prefirió no identificarse por la sensibilidad del tema.
Incentivos contables como la depreciación acelerada o algún nuevo programa de incentivo a la inversión extranjera, como el derogado en 2015, sugirió.
La oferta chilena de cobre ha caído en los últimos años por el declive natural en las leyes minerales de sus depósitos más antiguos, el retraso en la puesta en marcha de proyectos, accidentes y otros problemas operativos.
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La producción local cerró 2022 en 5,33 millones de toneladas, frente al máximo de 5,83 millones que logró en 2018.
Prueba de fuego
Expertos consultados señalaron que un marcador del cambio tributario será la decisión de inversión que tendrá que hacer Antofagasta Minerals a finales del año sobre los 3.700 millones de dólares para expandir su mina Centinela.
El CEO de Antofagasta, Iván Arriagada, dijo en junio al diario local El Mercurio que estaban reevaluando los parámetros de la iniciativa ya que el nuevo royalty «sí impacta la competitividad».
«Algunos proyectos en el margen tienen que reevaluarse si son viables o no, y en operaciones actuales, las achica un poco, porque los recursos económicamente viables son un poco menos», dijo Arriagada.
Antofagasta no respondió una solicitud de comentarios por parte de Reuters.
Por otro lado, la gigante global BHP había afirmado que tendría que revisar su plan de inversión de 10.000 millones de dólares en el país para los próximos años de acuerdo al resultado de la tramitación del tributo.
Pero recientemente, el CEO de la compañía, Mark Henry, dijo en una conferencia que tanto el proceso de discusión como el resultado legislativo se prestaron bien para mantener el atractivo de inversión.
«A pesar de ser un gobierno de izquierda fuerte, comprometieron a la industria y buscaron comprender y trabajar para lograr un resultado que lograra un equilibrio entre las necesidades públicas y lo que se requería para mantener la competitividad de la industria y el país», afirmó.
«BHP continuará invirtiendo», aseguró.
En tanto, Freeport-McMoRan no ha cambiado hasta ahora su postura de inicios del año cuando afirmó que mantendrá en pausa sus decisiones de inversión debido a la incertidumbre política en el país.
El gobierno de Boric espera que la nueva regalía genere ingresos totales para el Estado en régimen hasta el 0,45% del PIB o alrededor de 1.350 millones de dólares al año.
Pero otros expertos consideran que más que un problema directo para las inversiones, el tributo finalmente no lograría una recaudación importante ya que los proyectos en carpeta están más enfocados en compensar la caída en la producción que en sumar nueva oferta.
«Creo que va a haber inversión, lo que no creo es que la producción crezca más de lo que ha crecido, va a ser difícil que subamos de 6 millones de toneladas en Chile y eso es lo que determina en definitiva la recaudación», comentó a Reuters el profesor Gustavo Lagos, del departamento de Minería de la Universidad Católica en Santiago.
