Según un estudio, si no alcanzaran a llegar las inversiones para reemplazar el carbón al 2025, los precios de la energía aumentarían significativamente.
Durante la última sesión de la Comisión de Minería y Energía del Senado, representantes de ACENOR (Asociación Gremial de Clientes Eléctricos No Regulados) y de la Asociación de Transmisoras eléctricas, proyectaron un complejo panorama si se llegara a aprobar la ley que obliga el cierre de todas las termoeléctricas a carbón al año 2025.
El director ejecutivo de ACENOR, Javier Bustos Salvagno, informó a los legisladores que para abordar la materia la organización solicitó un estudio de escenarios a ENC Energy Consultants.
La conclusión fue que «si no alcanzaran a llegar las inversiones para reemplazar el carbón al 2025, los precios de la energía aumentarían significativamente (más del 90%)». Y si efectivamente alcanzaran a llegar con eólicas, solar y gas, «el precio de la energía aumentaría al menos un 40%».
Bustos señaló en la ocasión que «en los casos analizados son cada vez más necesarias las turbinas diésel y las centrales de ciclo combinado para abastecer la demanda en horas sin sol».
Todo esto llevó al directivo a afirmar, en el caso del proyecto de descarbonización total al año 2025, que aunque están de acuerdo con prohibir la instalación de nuevas plantas a carbón «creemos necesario revisar la fecha de prohibición para su operación».
A su vez, expresó que la definición de una fecha para el cierre de este tipo de centrales «debe incluir el análisis de los impactos no solo para el sistema eléctrico nacional, sino también para la sociedad en su conjunto, en cuanto a compromisos ambientales, impactos laborales, económicos, entre otros».
Condiciones para avanzar en la descarbonización
Por su parte, Javier Tapia Canales, director ejecutivo de la Asociación de Empresas de Transmisión, apuntó a tres condiciones básicas para avanzar en la descarbonización: desarrollar urgentemente proyectos de transmisión; disminuir los tiempos de tramitación; viabilizar el almacenamiento en todas sus formas.
Para la aceleración de los proyectos propuso «establecer un procedimiento legal especial que permita rápidamente a los organismos reguladores definir qué obras son urgentes y que eso permita su ejecución y remuneración adecuada».
Una medida similar en términos de cambios legislativos, pero de menor escala, proponen para que se acorten los tiempos de trámite de los permisos de los órganos del Estado. Y lo mismo para el almacenamiento, modificando la Ley Eléctrica y así, en su opinión, introducir competencia y seguridad al sistema.
