El aumento propuesto en las regalías mineras podría bloquear más de US$ 6.900 millones en inversiones durante los próximos dos años.
La división mexicana de Newmont dijo que ve una «apertura al diálogo» del gobierno mexicano, en medio de la propuesta de aumento en las regalías mineras, que potencialmente podría obstaculizar miles de millones de dólares en inversiones.
El aumento propuesto en las regalías mineras podría bloquear más de US$ 6.900 millones en inversiones durante los próximos dos años, según la cámara minera del país, lo que se suma a los desafíos que afectan al sector, como decisiones administrativas anteriores y posibles reformas legales.
Newmont, líder mundial en minería de oro, opera la enorme mina de oro a cielo abierto de Peñasquito en México, que produce oro, plata, zinc y plomo, y procesa un promedio de 110.000 toneladas métricas de mineral fresco diariamente.
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“Hay mucho interés de las empresas, mucho compromiso de seguir invirtiendo en México”, dijo Ana López, gerente de la unidad de Newmont en México, aunque apuntó que “también son necesarias las mejores condiciones en términos de certidumbre, oportunidad y colaboración para que sigamos haciéndolo”.
“Esta y cualquier norma que se apruebe y nos aplique, lo que tenemos que hacer es cumplirla”, dijo en referencia a la polémica propuesta de aumento de regalías.
Gobierno mexicano
López también saludó la postura adoptada por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, la semana pasada, al proponer revisar una reforma legal que buscaba prohibir la minería a cielo abierto , un tema que también ha generado preocupación en la industria.
La propuesta del gobierno mexicano busca aumentar las regalías de la industria, argumentando que los precios de los metales han crecido de manera sostenida en los últimos años.
El sector minero ya se vio afectado durante el gobierno del presidente anterior, Andrés Manuel López Obrador, quien se negó a otorgar nuevas concesiones mineras, y enfrenta nuevos desafíos con la administración de su sucesora, Sheinbaum, ya que las reformas legales podrían obstaculizar las operaciones mineras en la segunda economía más grande de América Latina, después de Brasil.
