Así lo indicó el presidente de la Cámara Minera de México (Camimex).
Reuters.– El presidente de la Cámara Minera de México (Camimex) lanzó el jueves una dura advertencia contra la propuesta de revisión de las leyes mineras del país, afirmando que podría costar al país unos 9.000 millones de dólares en inversiones perdidas en los próximos años y hasta 420.000 empleos directos.
La revisión, propuesta por el Gobierno el mes pasado, incluiría la reducción de las concesiones de 50 a 15 años, normas más estrictas para los permisos de agua y requisitos para devolver al menos el 10% de los beneficios a las comunidades y revelar los impactos de la minería.
México es el primer productor mundial de plata y uno de los mayores de cobre y oro. El año pasado, su Gobierno anunció la nacionalización de la incipiente industria del litio del país, favoreciendo a una nueva minera estatal.
Jaime Gutiérrez, presidente de la asociación minera Camimex, dijo que la medida afectaría a la confianza de los inversores en el mercado y que, aunque estaba dispuesto a hacer concesiones, consideraba algunas propuestas «completamente inviables».
Gutiérrez se refirió a la propuesta de que el Estado se haga cargo de todas las operaciones de exploración, afirmando que no tiene la capacidad técnica, ni los fondos, para hacerlo. Camimex invierte unos 1.000 millones de dólares anuales en exploración, dijo.
También criticó la propuesta de otorgar concesiones para extraer sólo una sustancia, ya que los metales se encuentran en la tierra con otros minerales.
«Exigir esas cosas demuestra una total falta de comprensión de la industria», dijo.
De aprobarse la reforma, agregó Gutiérrez, esto podría abrir la puerta a más disputas comerciales en el marco del pacto de libre comercio de América del Norte (TMEC) por una reforma que aumenta el control estatal sobre su sector energético.
Gutiérrez dijo que la cámara estaba en conversaciones con responsables del Gobierno y esperaba presentar sus argumentos en un foro abierto ante el Congreso. El Gobierno mexicano no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
«El trabajo del Gobierno es distribuir la riqueza, el trabajo de las empresas es generarla», dijo. «Tenemos que garantizar que las empresas sigan funcionando para que puedan seguir generando esta riqueza».