Así lo afirmaron desde el IPE.
El gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera, sugirió que, a fin de lograr un desarrollo minero sostenible, es necesario poner en marcha la implementación de una visión de desarrollo territorial, sostenible e integrado.
“Tenemos que dejar de ver la imagen de departamentos que no ayudan y menos la visión macro a nivel nacional. Por ello, se requiere un plan de desarrollo territorial complementado con un catastro nacional con el objetivo de contar con un registro articulado de la propiedad”, expresó en la conferencia “El desafío de la descentralización: Minería y desarrollo”, realizada en el marco de Rumbo a PERUMIN.
Señaló, en ese sentido, que la minería se concentra en 11 regiones tanto en el sur, centro y norte. Cajamarca, Áncash, Pasco, Junín, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua y Tacna han concentrado el 80% de la producción minera del país en el último lustro.
Gestión de recursos del canon
La conferencia contó también con la exposición de Epifanio Baca, del Grupo Propuesta Ciudadana, quien sostuvo que una consecuencia detectada, tras el desarrollo de la actividad minera, es la relacionada con la gestión de los recursos del canon en los gobiernos locales y regionales.
Comentó, así, que «tenemos grandes brechas territoriales en los indicadores de desarrollo tanto económico como social; y el desigual crecimiento económico y el dinamismo de los departamentos están correlacionados con el desigual desarrollo de temas como infraestructura y servicios”.
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Propuso, asimismo, una reforma sobre la distribución actual del canon minero: sugirió realizar esquemas más equitativos, crear fondos de estabilización o de fideicomisos, e incluso enfatizó en dar más fuerza al mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) con el fin de no repetir errores sobre la distribución.
A su turno, la extitular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Paola Bustamante, sugirió poner en marcha la “institucionalidad de los compromisos” como una alternativa frente a los conflictos sociales.
“Se debe generar la institucionalidad del proceso de tomas de acuerdo, los cuales tienen que registrarse en un repositorio que esté a cargo de un ministerio o del gobierno regional. Lo importante es que en ese registro vayan las firmas de todos los que participaron y, sobre todo, que haya un seguimiento y compromiso para cumplir esos acuerdos”, expresó.
Por otro lado, el director ejecutivo de la Red de Estudios para el Desarrollo, Oswaldo Molina, comentó que la misión de trasladar los beneficios de una actividad, como la minería, a la población es tarea del Estado.
“Tenemos un Estado que no es lo suficientemente eficiente para poder transformar los recursos económicos que el crecimiento genera en verdaderas oportunidades para los más vulnerables”, señaló Molina.
Caso Quellaveco
En la conferencia también se contó con la participación de la gerente de Asuntos Gubernamentales y Sostenibilidad en Anglo American, Mariana Abugattas, quien compartió la experiencia entre la empresa minera y las comunidades.
En el caso de Quellaveco, contó la ejecutiva, se escuchó a la población y «pudimos ver qué puntos en común teníamos y cómo juntos podríamos encontrar soluciones a las preocupaciones de la población».
«Uno fue el agua, el desarrollo de los socios locales y el medioambiente. Durante 18 meses de diálogo pudimos identificar, estos tres ejes temáticos, 26 compromisos y lo importante que es determinar cómo se cumple”, puntualizó.
