La presidenta de la Cámara de Minería de Ecuador, María Eulalia Silva, lamentó el retraso de unos 1.000 millones de dólares previstos para la construcción de minas en tres proyectos clave.
Reuters.- La oposición de las comunidades indígenas a la minería en Ecuador está retrasando inversiones por unos 1.000 millones de dólares previstos para la construcción de minas en tres proyectos clave en el país sudamericano, dijo el martes una ejecutiva de la Cámara de Minería de Ecuador.
La organización indígena más grande de del país, CONAIE, solicitó el mes pasado a la Corte Constitucional que anule un decreto del Gobierno para regular la participación comunitaria en la fijación de parámetros para consultas ambientales de proyectos extractivos, argumentando que la medida busca acelerar el desarrollo de la industria minera.
Si bien tales consultas son necesarias antes de que el Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador pueda emitir licencias ambientales, las comunidades indígenas dicen que la medida no incluye su opinión sobre los proyectos extractivos.
La presidenta de la Cámara de Minería de Ecuador, María Eulalia Silva, llamó a los jueces constitucionales a rechazar el pedido de la CONAIE.
«Este tipo de acciones no solamente tienen una bandera política, no solamente tienen una bandera declarativa, tienen implicaciones reales en la vida de los ecuatorianos», agregó mientras se dirigía a periodistas. «Las comunidades que viven cerca de los proyectos mineros se han visto beneficiadas por esta actividad».
Las inversiones previstas para la construcción de minas durante los próximos dos años en tres proyectos se están retrasando por las acciones de las comunidades, explicó.
Los proyectos afectados, según Silva, incluyen a Curipamba, operado por una subsidiaria de la canadiense Adventus Mining Corporation; La Plata, en manos de una filial de Atico Mining Corporation, y Loma Larga, de Dundee Precious Metals.
El Ministerio de Energía y Minas y la organización CONAIE no hicieron comentarios de inmediato.
Ecuador tiene abundantes reservas minerales, pero se ha quedado detrás de otros países andinos como Perú y Chile en el desarrollo de la minería a gran escala, debido a la oposición de comunidades indígenas y decisiones judiciales.
Un tribunal local de Ecuador dictaminó recientemente que a las comunidades que viven en la región altamente biodiversa de Intag, ubicada en la provincia de Imbabura, se les había negado sus derechos a la consulta ambiental por el proyecto de cobre Llurimagua, lo que obligó a suspender las actividades de exploración avanzada.
El Gobierno del presidente conservador Guillermo Lasso se ha comprometido a aumentar el desarrollo minero para ayudar a la alicaída economía. Las exportaciones mineras crecieron 32,6% a 2.775 millones de dólares el año pasado.
