Así como los bloqueos de carreteras, las normas y nombramientos que no responden a las necesidades del país frenan el verdadero desarrollo del pueblo.
La Asociación Automotriz del Perú (AAP), en representación del sector formal automotor peruano, exhorta a las autoridades a tomar las acciones necesarias para – de una vez por todas – derogar el Decreto Supremo N° 001-2022-TR que restringe los servicios de tercerización en el Perú.
La razón, explica el gremio, es que dicho dispositivo constituye un duro golpe para los trabajadores formales del país, contratados bajo esta modalidad, que se encuentran hoy frente a la posibilidad de perder sus empleos y pasar a la informalidad.
Muchos de ellos constituyen sus pequeñas empresas para brindar servicios a terceros, lamentablemente esa norma legal las eliminará, debiendo pasar algunos de sus trabajadores a la empresa que los contrata y afectando o matando a las PYME, con el grave daño que esto genera.
Esta norma es una evidencia más, dijo el gremio automotor, de porqué son necesarios los cuadros técnicos con experiencia en las entidades del Estado.
“La inacción del Poder Ejecutivo y Legislativo para tomar una decisión que corrija esta situación, a pesar del tiempo transcurrido, es alarmante”, acota.
Como se recordará, la norma emitida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, pretende limitar los servicios de tercerización sin fundamentos técnicos y no solo constituye un duro golpe para los trabajadores formales, sino que realmente establece un perjuicio directo para las empresas pequeñas, medianas y grandes, las cuales contratan diversos servicios especializados y que verán incrementados sus costos de producción y disminuida su competitividad.
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Emitir una norma tan perjudicial como ésta, muestra la falta de solvencia técnica y una carente visión estratégica en las organizaciones del Estado y las autoridades.
“Una evidencia más de que la mala decisión que el Gobierno viene adoptando, de prescindir de profesionales especializados con capacidad en gestión pública y sustituirlos por personas sin experiencia e incluso con cuestionada integridad, u opciones político económicas desfasadas, tanto en los ministerios como en las instituciones y dependencias del Estado, está generando un grave daño a la economía en el Perú”, apuntó la AAP.
El Decreto Supremo, tal y como ha sido aprobado, constituye una barrera para muchas empresas e instituciones públicas y privadas, que demandan servicios de terceras empresas para llevar a cabo diversas actividades, como es el caso del transporte de activos a diversas regiones del Perú o la ejecución de programas sociales que benefician a millones de personas.
De acuerdo a los especialistas, el principal problema de la norma es que prácticamente prohíbe la legítima tercerización – asumiendo que todas las empresas abusan – cuando esto no es cierto y se resuelve con mejor supervisión y no con prohibiciones.
La tercerización es una herramienta para organizar la producción de bienes y servicios de manera más eficiente, que se refleja en mejores precios y mayor competencia en beneficio del consumidor. La rigidez que impone la norma quitará esta flexibilidad y, por lo tanto, se afectará a los ciudadanos en su conjunto, a la reactivación de las empresas y al desarrollo económico del país.
Desde la AAP se exhorta a las autoridades a tomar medidas realmente técnicas, y se derogue el D.S N° 001-2022-TR. Una decisión, en ese sentido, pondrá en primer lugar las necesidades de la población, que demanda trabajo digno y de calidad, acompañada de una mayor productividad y prosperidad para el pueblo.
