Desde Activos Mineros SAC indicaron que la ampliación de la adenda del contrato con Fospac para explotar roca fosfórica en Bayóvar, traerá beneficios a la Comunidad Campesina San Martín de Segura, Piura, y el Perú en general.
El gerente general de Activos Mineros S.A.C. (AMSAC), Antonio Montenegro, afirmó que la ampliación de la adenda del contrato con Fosfatos del Pacífico S.A (Fospac) para explotar roca fosfórica en Bayóvar, traerá beneficios a la Comunidad Campesina San Martín de Segura, a la región Piura y al Perú.
“Uno de los puntos medulares es el mensaje de que los contratos en sí son posible renegociarlos, abrir un horizonte que haga posible un beneficio mayor. Si en el 2007 se habló de diatomitas, ahora es posible explotar roca fosfórica”, indicó, en diálogo con la Red de Comunicación Regional (RCR).
También “se han generado las condiciones de hacer posible que esto se plasme en una adenda que beneficia a la población, que beneficia al país y que beneficia el inversionista”.
Ahora esta adenda incorpora regalías contractuales y regalías legales y considera también importantes condiciones para beneficio de la comunidad y del propio Estado.
Montenegro agregó que “se demuestra también que es posible incrementar la ayuda social a la comunidad de San Martín de Sechura, que directamente va a percibir en este tramo un promedio que supera los 4.5 millones de dólares en lo que significa la inversión. Adicionalmente a ello también genera puestos de trabajo en la región”.
Más detalles
El gerente general de AMSAC detalló, asimismo, que la primera etapa tiene un espacio inicial de cinco años.
Destacó que la ampliación del contrato con FospacC se consiguió gracias a la buena relación de la empresa con la Comunidad Campesina San Martín de Sechura.
“Es posible sentarse a conversar y lograr acuerdos que beneficien a todos. El ganar-ganar son términos en las relaciones actuales que tienen que predominar y en todos los casos debe tener un aditivo importante como es la intervención de la comunidad, la voluntad y la confianza del Estado respecto a los inversionistas y una conducta seria y responsable del inversionista con relación no solo a sus compromisos de inversión sino a su mirada social, a su mirada en la atención al medio ambiente y al cuidado de la población”, concluyó.
