La minería ilegal aurífera representa un tercio del total de la producción del país. Además, el IPE reporta que, existiendo 87 mil pequeños productores mineros en REINFO, 70 mil de ellos se encuentran suspendidos por incumplir las normas.
Carlos E. Gálvez Pinillos, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), cuestionó, a través de una columna publicada en Lampadia, si realmente el gobierno quiere controlar el delito y la minería ilegal.
Así, en la publicación, Gálvez indicó que en «los últimos gobiernos del Perú han vivido y viven en mundos paralelos y se comunican en base a eufemismos. Esto y no otra cosa es lo que viene ocurriendo con las actividades delictivas, entre las que se cuenta la extracción ilegal de minerales, cuyo producto ya excede al narcotráfico, la tala ilegal, el tráfico de terrenos y la trata de personas».
Además, «ya, a estas alturas, no se sabe si estas actividades, que vienen siendo alimentadas por las condiciones particulares que permite una regionalización que fue muy mal hecha en nuestro país, son controlables, o simplemente ya han rebasado todas las posibilidades que el Estado tiene para combatirlas y aniquilarlas».
Recordó que «después de tantas alertas, el 2 de diciembre de 2023, estas organizaciones criminales asesinaron a 9 trabajadores e hirieron a cerca de 20 trabajadores de la Compañía Minera Poderosa SA en la provincia de Pataz». Para Gálvez, «es conocido que el batolito de Pataz es una formación geológica muy propicia para ocurrencias auríferas, y nadie, desde el gobierno, ha puesto interés en proteger las actividades mineras formales».
No sólo eso, continuó, «sino que ya en el mes de setiembre se había capturado al coronel PNP Arturo Miguel Ángel Balta Paredes, responsable de varias comisarías de la zona, junto con cinco efectivos PNP, quienes, actuando en conjunto con 22 sujetos, incluyendo al exgerente regional de Energía y Minas de La Libertad, Raúl Araya Neyra, realizaban actividades delictivas para hacerse de la producción aurífera de las minas formales de la zona». Estos fueron reconocidos como miembros de la organización criminal “La Gran FA”. No obstante, estos hechos, nadie tomó las medidas preventivas, ni encauzaron a estos delincuentes.
En la primera oportunidad en que se planteó la formalización de mineros artesanales y pequeños mineros, esto es en el año 2002, el planteamiento fue considerado razonable.
«La idea de no criminalizar una actividad que, debidamente registrada, empadronada y regulada, podría ser una solución para las familias peruanas y un aporte a la prospección minera, como lo fue antaño», anotó.
Para el extitular del gremio minero energético, «el problema es que, no sólo desde el Ejecutivo, sino desde el Congreso, se ha creado dispositivos legales tales como el REINFO (Registro Integral de Formalización), el mismo que fue creado el 29 de diciembre de 2016, para que, en un período de 36 meses, puedan formalizarse las personas que se dedicaban a las actividades de explotación o beneficio como pequeños mineros y como mineros artesanales».
«Lo tragicómico es que esta disposición ampliaba ya los alcances del Decreto Legislativo N°1105 de abril 2012. Posteriormente, por ley 31388 del 30 de diciembre de 2021, se prolonga este REINFO hasta el 31 de diciembre de 2024», indicó.
«Puede sonar a chiste de mal gusto, pero un dispositivo temporal (36 meses), ya lleva dos décadas de vigencia y no ha resuelto ningún problema», agregó.
Además, como contar con el REINFO exime de responsabilidad penal por el delito de minería ilegal a quienes lo ostentan, esto automáticamente paraliza las acciones que la Policía y el Ministerio Público puedan realizar.
«Coartada perfecta para no combatir este delito, pero recordemos que hay un número importante de plantas procesadoras de empresas que no tienen minas. ¿Quién verifica el origen de los minerales que ellas reciben? ¿Por qué no se traza la ruta y el origen de esos minerales?», cuestionó.
En la publicación, Gálvez Pinillos señaló que «si uno escarba un poquito, encuentra que, esta es una de las principales vías por las que las actividades ilícitas han infiltrado, no sólo los gobiernos descentralizados, sino en gran medida al Congreso de la República, con congresistas que promueven esta legislación para “formalizar” actividades ilegales».
«Cómo no van a continuar muchos congresistas con este festín legislativo, si esta actividad delictiva es la que financia sus campañas electorales y les brinda la mayoría de los votos (Fijémonos lo que podría pasar con las PASO, lo que se replica con otras actividades ilegales)».
Para el expresidente de la SNMPE, «es inconcebible que el Estado peruano se haga de la vista gorda con esta actividad, pues es evidente que es una fuente de delito que no cumple con ninguna regulación laboral (planillas y aportaciones a ESSALUD), no paga CTS ni aporta a fondo de pensiones alguno, no cumple con normas de seguridad en el trabajo, no paga impuestos y explota áreas sin contar con algún título minero y, muchas veces explota concesiones de compañías formalmente establecidas, a las que el cumplimiento estricto de la ley no le acarrea ningún beneficio, ni siquiera el de la seguridad de la vida de sus trabajadores, al punto que Poderosa debe contar con más de un millar de trabajadores de seguridad, armados con escopetas de cartuchos para enfrentar delincuentes con armas automáticas de largo alcance».
La minería ilegal aurífera representa un tercio del total de la producción del país, y creciendo desenfrenadamente, puesto que, mientras a la actividad formal se le pone todas las restricciones y limitaciones posibles, a la minería ilegal se le permite todo, incluyendo la extorsión y el sicariato. La producción aurífera ilegal alcanza a US$2 mil millones al año, sin incluir las actividades ligadas al narcotráfico, que permiten el lavado de dinero por cerca de otros US$1 mil millones.
Por su lado, el IPE reporta que, existiendo 87 mil pequeños productores mineros en REINFO, 70 mil de ellos se encuentran suspendidos por incumplir las normas. Sin embargo, estos siguen siendo considerados productores “informales”, término que no corresponde, al ser absolutamente ilegales.
Uno de los problemas centrales es que hay mucho dinero en juego, lo que es una tentación para las autoridades regionales y algunos policías que; mal formados, mal pagados, sin moral y en condiciones de abandono, son captados por el delito. Por su lado, el Estado no hace nada. En la zona de Pataz hay varias comisarías que no cuentan siquiera con una camioneta para enfrentar el delito, sus instalaciones están en mal estado y para colmo, para el año 2024, el gobierno y el Congreso han reducido el presupuesto dedicado a combatir ese delito, a sólo el 0.49% del presupuesto total dedicado a orden y seguridad. (Según el diario EC).
«¿Quiere realmente el gobierno controlar el delito y la minería ilegal?», finalizó.
